Restitución de la verdad

La catástrofe medioambiental causada hace once años por el hundimiento del petrolero «Prestige», cuyo impacto en la opinión pública movilizó a miles de voluntarios en uno de los movimientos de solidaridad más generosos de la historia reciente de España, fue asimismo un hito en la manipulación política de la desgracia por parte de una oposición que venteaba ventajas electorales. La hemeroteca refleja con crudeza el ataque directo y sin matices de toda la izquierda y del nacionalismo gallego contra el Gobierno presidido entonces por José María Aznar, que convirtieron el desgraciado accidente en una suerte de causa general ajena a la búsqueda equilibrada de la verdad. Once años después, tras una instrucción sumarial que ha generado el mayor número de folios de la historia procesal española, la Audiencia Provincial de La Coruña ha absuelto de los delitos de neglicencia y daño ambiental a los tres acusados, el capitán, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas del buque, Nikolaos Argyropoulos; y el ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. La absolución de este último restituye su honor profesional, vilipendiado sin tasa, y deja en su justo lugar la actuación de quienes, desde los poderes públicos, tuvieron que enfrentarse al problema. La resolución judicial es nítida cuando fundamenta su conclusión en que la decisión tomada por el encausado de alejar el buque de la costa española fue «consciente, meditada y en gran parte eficaz dentro del desastre ocurrido, que no provocó la Administración española, sino que lo gestionó con profesionalidad, adecuación y en condiciones muy desfavorables». Era de esperar que los mismos que entonces manipularon la catástrofe para hacer daño al Gobierno y al Partido Popular hayan recibido la sentencia con un rechazo frontal, como si en el fondo percibieran en ella un tardío reproche a sus actos. La decisión de la Audiencia gallega obliga al Estado a recurrir a la vía civil la reclamación de las indemnizaciones por los daños causados, tanto a la empresa armadora del buque como a su capitán y a la agencia que certificó que el petrolero estaba en condiciones seguras de navegación. Un pleito que se presupone largo y de resultados inciertos, dada la reglamentación marítima internacional que regía en aquellas fechas. Hay otra consecuencia en todo este asunto que es de justicia recordar en este momento: que tras el accidente, fue el empeño de la prematuramente desaparecida ex ministra, Loyola de Palacio, como vicepresidenta de la CE, lo que consiguió que en los mares y puertos de Europa ya no puedan operar petroleros como el «Prestige», carentes de doble casco. Porque de toda tragedia se pueden obtener enseñanzas positivas, empezando por la de no manipular la verdad por interés partidista.