Siempre hemos dicho la verdad

La Razón
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El magistrado-juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, ha dictado la desinvestigación, sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias previas que había incoado respecto al presidente de LA RAZÓN, Mauricio Casals, y el director del periódico, Francisco Marhuenda. El juez explica en su auto de desimputación que, una vez practicadas las diligencias esenciales de investigación, ninguno de los supuestos indicios recogidos en el trámite avalan las sospechas que dieron lugar al procedimiento. Se ha cumplido, pues, un acto de justicia y se ha hecho dentro de unos tiempos razonables. Podríamos argüir que hubiera sido mejor que «esas diligencias esenciales de investigación» se hubieran llevado a cabo previamente a la imputación de unos delitos que son de una enorme gravedad para quienes se dedican al Periodismo –hubiera sido suficiente con preguntar a los supuestos perjudicados– pero nada tenemos que reprochar a la actuación del magistrado ni de la Fiscalía por cuanto han cumplido exactamente con las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico, que estableció la figura del imputado –ahora «investigado»– como una garantía de defensa añadida a la propia presunción de inocencia que ampara a todos y cada uno de los ciudadanos. Por supuesto, ni Mauricio Casals ni Francisco Marhuenda habían cometido delito alguno, pero sin las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal respecto a la figura del «investigado» y su exquisita aplicación por parte del juez Velasco, la confluencia de la verdad de los hechos con la verdad judicial se habría demorado, incrementando notablemente los perjuicios sufridos. Y si hablamos de perjuicios sufridos es porque sería absurdo negar lo evidente. Como hemos apuntado antes, la naturaleza de la acusación, rápidamente aventada por algunos medios de comunicación y las redes sociales, –en algunos casos, con deformaciones en el relato que revelan espurias intenciones, cuando no, pura maledicencia y afán de difamación– es de los peores reproches que se pueden hacer a unos profesionales que han hecho de la búsqueda de la verdad y de la opinión informada su razón de ser. Por ello, el restablecimiento de la verdad debía producirse de una manera clara, diáfana y sin reservas como así ha sido. Todos los extremos planteados en su momento por Mauricio Casals y por Francisco Marhuenda han sido recogidos por el juez en un auto de desimputación que, intencionadamente a nuestro leal entender, se extiende en sus razonamientos jurídicos y relata pormenorizamente las circunstancias actuantes para no dejar espacio alguno a la duda. Primero, confirma el juez Velasco que ni la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ni su jefa de Comunicación, Marisa González, se sintieron coaccionadas en momento alguno –además de que no lo hubieran tolerado– por parte de los entonces imputados, para, a continuación, aceptar como válidas y verosímiles las alegaciones de Casals y de Marhuenda, apoyadas por las correspondientes evidencias documentales respecto al contenido de las conversaciones intervenidas a Edmundo Rodríguez, uno de los principales acusados en la operación «Lezo» y con quien nuestros directivos mantenían una antigua amistad. En este sentido, no elude el magistrado los problemas de interpretación de las interceptaciones telefónicas, al reconocer en el auto que las conversaciones así grabadas, una vez contextualizadas, no tienen otra lectura que la que dieron nuestros directivos, la de un apoyo emocional a un amigo en unos momentos de tribulación. En definitiva, lo que era la pura y simple verdad: frases entrelazadas y extraídas de un volumen mayor en minutos, en un contexto que es imposible captar y entender en su verdadera intención con esos mínimos extractos.

De todo este asunto es preciso destacar una primera consecuencia, más señalada si cabe en la actual situación de la vida judicial española: que una justicia que funcione con razonable celeridad es la mejor garantía para todos los ciudadanos. Procedimientos de instrucción que se eternizan, dando pábulo a juicios paralelos y a todo tipo de filtraciones interesadas, dañan la credibilidad del sistema y pueden causar daños de difícil reparación a las personas implicadas, sobre todo en el mundo actual de las nuevas tecnologías de la comunicación, donde los linchamientos políticos toman carta de naturaleza. Pero, también, es preciso recalcar que el respeto a la Justicia, a los jueces y magistrados y a sus procedimientos, que siempre han guiado el proceder de nuestro periódico, no puede ser opcional, como así lo han demostrado, de manera impecable, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda. Confianza en la Justicia y respeto a la verdad por encima de todo.