Sólo con la Ley en la mano

España tiene muchos problemas a los que atender, sin duda. Son sobradamente conocidos: el paro y la crisis económica, de manera muy especial. La sociedad reclama soluciones y a ellas dedica su mayor esfuerzo político el Gobierno, como no puede ser de otra manera. Sin embargo, este hecho no debe hacer pasar por alto otros frentes que afectan a los intereses nacionales, como está sucediendo en estos momentos con la actitud hostil mantenida por Gibraltar en las aguas territoriales españolas, un suceso que no es aislado y forma parte de una larga lista de ilegalidades. En España se ha instalado en algunos sectores la idea pueril de que la política exterior es un capítulo menor u oportunista con el que se quieren esconder problemas de mayor preocupación. Es una apreciación nefasta, pues los intereses españoles en el mundo no son más que los de sus ciudadanos y sus empresas y, en el caso que nos ocupa, es aún más evidente esta relación: las autoridades gibraltareñas han querido perjudicar a los pescadores de la zona sin otro interés que el que los guía desde desde un tiempo bien lejano: expandirse territorialmente dentro de sus límites. Una encuesta encargada por LA RAZÓN habla de que los ciudadanos no son ajenos a este conflicto y que un 84% manifiesta que España debe ser más firme o que la ONU debería tener un papel protanista en este litigio.

En esta crisis, el Gobierno de Mariano Rajoy ha actuado, por un lado, conforme a la Ley y, por otro, con gestos resolutivos que siempre son comprensibles en el lenguaje de la diplomacia: si Gibraltar actúa en contra de España, España responderá aplicando la Ley, que es lo que ha hecho realizando un control exhaustivo en la Verja. Las medidas adoptadas por España están a la altura de la afrenta planteada por el ministro principal del Peñón. Reino Unido debe saber que la provocación de Fabian Picardo es intolerable y ha echado por tierra una acción diplomática pacientemente tejida desde hace años para hacer compatible la existencia de la última colonia de Su Majestad en Europa con la cooperación entre dos países aliados. Como muestra visible de este retroceso, es que la Armada británica recale en Gibraltar, un gesto excesivo y propio del siglo XVIII, como ayer recordó el ministro de Defensa español, Pedro Morenés, y que sólo hay que entender como un ejercicio militar rutinario programado desde hace tiempo. En este sentido, el Gobierno ha sido claro y su actitud escrupulosa con las normas legales, aunque agotando todos los recursos, como ya había anunciado Rajoy, entre ellos la posibilidad de llevar al Tribunal Internacional de Justicia en La Haya el uso que Gibraltar hace del istmo que une el Peñón con La Línea, una acción que sólo puede llevar adelante con el acuerdo de Gran Bretaña.