Toda la ley para frenar la secesión

Ante un desafío de la escala que está tomando el «proceso» independentista catalán, el Gobierno no tiene más opción –y obligación– que paralizar el plan secesionista por todos los medios con los que le asiste la Ley. Conviene hacer un ejercicio de comparación y preguntarnos si Francia o Alemania, por citar dos democracias y socios del proyecto europeo, permitirían que alguna región o «land» pudiese declarar la independencia. Es evidente que no permitirían ninguna acción contraria a su orden constitucional y que caería sobre el presidente de la nación toda la responsabilidad si lo permitiese o no pusiera los medios para restablecer la ley. Si hay algún déficit democrático que achacarle a nuestro país, como tanto le gusta denunciar por el mundo a los dirigentes de la Generalitat, sería precisamente el de permitir la ejecución de un golpe contra el Estado de Derecho. Nuestra democracia ha sufrido serios ataques a lo largo de estos últimos cuarenta años, pero nos encontramos en uno de los más serios, ya que supone al secesión de un parte del territorio nacional infringiendo todas las leyes. Por lo tanto, el Gobierno no tiene más salida que impedir que se lleve a cabo el referéndum que ha anunciado la Generalitat, aunque no es competencia suya convocar consultas que afecten a la soberanía del conjunto de los españoles. A pesar de que el Tribunal Constitucional anuló el pasado diciembre dicha consulta y la resolución que ponía en marcha el proceso de desconexión, los partidos independentistas, Junts pel Sí y la CUP, anunciaron incumplir la sentencia, por lo que la Fiscalía pedirá al TC actuar. La vía sería a través de una orden judicial que supondría la actuación de los Mossos d’Esquadra, en tanto que policía judicial, para impedir que se lleve a cabo el referéndum. No hay otro objetivo que mantener la legalidad y que no vuelva a repetirse un acto de tan flagrante ilegalidad, como lo sucedido el 9 de noviembre de 2014, cuando la Generalitat, con Artur Mas a la cabeza, alardeó de haber engañado al Estado y de hacer un referéndum que estaba prohibido por el TC. La nueve Ley Orgánica «para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho» dice que «las instituciones, autoridades, empleados públicos o particulares» que incumplan total o parcialmente las resoluciones del TC, éste podrá acordar la «suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsables del incumplimiento». El Gobierno parte del único supuesto posible: el referéndum no va a llevarse a cabo porque dispone de todos los medios legales para evitarlo, mientras que los independentistas se sitúan abiertamente fuera de ley. Lo grave es que la Generalitat –que es el Estado en Cataluña– hace tiempo que ha pisado la línea roja de la legalidad democrática, atribuyéndose otra legitimidad que sólo emana de la «voluntad del pueblo catalán». Sin embargo, también desde hace tiempo la Generalitat ha secuestrado la única legitimidad a tener en cuenta, y es la que está representada en el Parlament, en el que no todos los partidos son independentistas, ni nacionalistas, ni siquiera catalanistas, y que también forman parte de Cataluña. En estos momentos, hay que evitar la metáfora del «choque de trenes»: hay una sola vía y es la del Estado de Derecho y quien la bloquee debe asumir todas las consecuencias. Mariano Rajoy está dispuesto a dialogar de todo aquello que suponga la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y que afecten a sus derechos civiles, pero nada que esté fuera del marco constitucional. Pero los planes de los independentistas es forzar al máximo la intervención del Estado, que debe actuar con todas las herramientas legítimas en una democracia.