Turquía se arriesga a ser el paria de Europa

La intención declarada por el presidente turco, Tayyip Erdogan, de reinstaurar la pena de muerte para castigar ejemplarmente a los militares y los civiles implicados en el fallido golpe de Estado del pasado viernes no sólo supondría una aberración jurídica que contraviene el principio de irretroactividad de la ley contemplado en la mayoría de lo tratados internacionales, sino que contraviene la Convención Europea de Derechos Humanos del Consejo de Europa, organismo al que pertenece la República de Turquía, que establece la abolición de la máxima pena, incluso en caso de guerra. La contravención del pacto firmado por Ankara en un asunto de capital importancia haría imposible su permanencia en la organización, relegando a Turquía a la condición de paria en Europa, y, por supuesto, eliminaría de raíz cualquier posibilidad de integración en la Unión Europea. El presidente Erdogan debería atender la advertencias de sus aliados en la OTAN, que, si ya estaban muy alarmados por la deriva personalista de su régimen, ahora temen que aproveche la asonada militar para incrementar su poder presidencial e intensificar el proceso de islamización del país, cuya Constitución sigue definiendo como una república laica y un Estado de Derecho.