Un fiscal para continuar la investigación del 1-O

La inesperada muerte el pasado sábado del que fuese fiscal general del Estado, José Manuel Maza, coincidió con un momento procesal especialmente complejo: la investigación por el referéndum ilegal del 1-O y la querella interpuesta por aquel contra los miembros del gobierno de la Generalitat. En una coyuntura tan grave, sólo cabía que el nuevo fiscal asegurase la continuidad de las pesquisas ya iniciadas sobre las responsabilidades por el golpe independentista. Que el Gobierno proponga el nombramiento de Julián Sánchez Melgar se inscribe dentro de la necesidad de proseguir el trabajo ya iniciado por su antecesor, situando en la cúpula del Ministerio Fiscal, de nuevo, a un magistrado. Se propone a un ex compañero de Maza que, además, procede de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que representa la máxima autoridad penal en España, la misma sección en la que el juez Pablo Llarena está instruyendo la investigación por el referéndum del 1-O. La trayectoria de Sánchez Melgar, con 34 años de ejercicio, es impecable, y queda demasiado estrecho presentarlo como «conservador» o «progresista», cuando ha dado sobradas muestras de actuar siempre bajo criterios jurídicos fundamentados: dictó la sentencia con la que se acuñó la llamada «doctrina Parot» y con su voto en contra se opuso a la «doctrina Botín» por la que se quería impedir que el fallecido banquero fuese a juicio.