Un pacto por la seguridad

Tras los ataques yihadistas de París contra la revista satírica «Charlie Hebdo» y un supermercado judío de comida kosher, Francia y el conjunto de países de la Unión Europea han abierto un debate sobre cómo hacer compatible el reforzamiento de la seguridad con la preservación de las libertades públicas. Hay una primera conclusión: ningún país con sólidas estructuras democráticas está dispuesto a sacrificar los derechos constitucionales para mejorar su capacidad de defensa. Ése es el principio básico y querer utilizar oportunistamente este dilema sólo serviría para perder operatividad ante un enemigo dispuesto a golpear donde más destrucción cause. Estos días se ha recordado la Patriot Act aprobada en Estados Unidos a raíz de los atentados del 11-S, que comportaba una serie de medidas legislativas con las que se ampliaba la capacidad del Estado para combatir el terrorismo y que supusieron una merma de derechos constitucionales. Fue una decisión aprobada conscientemente por la Cámara de Representantes bajo el principio de que defender la libertad suponía tomar medidas extraordinarias pero, en ningún caso, hubo una intención sesgada de alterar las libertades civiles. Mariano Rajoy ha expresado con claridad la filosofía que inspira la nueva línea de defensa sobre el llamado «terrorismo del siglo XXI»: «Hemos decidido vivir sin miedo». En eso, desgraciadamente, la sociedad española tiene experiencia porque ha sufrido el «terrorismo del siglo XX». Por lo tanto, la apuesta del presidente del Gobierno es a favor de la libertad. Y, claro está, a favor de la seguridad. La proposición de ley anunciada por el Gobierno, en la que se plantea la elevación de penas y la tipificación como delito de la tenencia de armas, el adiestramiento, la financiación el enaltecimiento del terrorismo en internet y su financiación contó en un principio con el acuerdo del PSOE. Sin embargo, aduciendo ahora que puede afectar a algunos derechos, los socialistas han amagado con no suscribir este pacto de Estado en su totalidad. Entre otras cuestiones, hablan de que no está claro qué podemos entender en determinados momentos por «terrorismo». Tenemos el ejemplo de las medidas tomadas en Francia, en las que se especifica muy claramente qué se considera un «acto terrorista», y en nada se diferencia del modelo español. Reino Unido prepara un proyecto de ley que también contempla la retirada de la documentación a los sospechosos de yihadismo, algo que también contemplan en Francia y en Alemania. En estos casos, han contado con el apoyo de la oposición: un cierre de filas ejemplar. En estos momentos, es necesario un PSOE responsable que no actúe ni por criterios ideológicos, supuestamente progresistas y todavía inspirados en la finiquitada «alianza de civilizaciones», ni electorales. Está en juego nuestra seguridad y nuestra libertad.