Una gran mentira política

Uno de los mayores errores de la estrategia de Artur Mas y del conjunto del llamado bloque soberanista reside en considerar que el Estado español es poco menos que un retablo galdosiano de desganados funcionarios de la Villa y Corte. Es un grave error porque subvalora su verdadera razón de ser, que es la de regular la vida nacional a través de instituciones democráticas, y a la vez sobrevalora la capacidad del independentismo catalán de burlar las normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad, sea con ingenuas estratagemas jurídicas o arrogándose la representación de todos los catalanes y de su «voluntad». Por lo tanto, sorprende que ese mundo que quiere construir su propia legalidad se alarme cuando el Estado actúa en defensa de la legalidad vigente. Cuando el Gobierno recurre ante el Tribunal Constitucional (TC) una ley como la de consultas que aprobó el Parlament de Cataluña no lo hace como negación de la política, sino como acto político en defensa de nuestro orden constitucional. Ayer, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha reclamó al TC que anule la junta electoral puesta en marcha por Mas, en virtud del incumplimiento de la providencia dictada el pasado día 29 por la que se suspendía dicha norma. Recordemos que la suspensión de la ley de consultas incluía también el decreto de convocatoria del referéndum, «así como las restantes actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ella» y, entre ellas, la de la creación de una junta electoral. Mas quiere dar la impresión de que él ha hecho todo lo posible por mantener la convocatoria del 9-N, pero que se han agotado las vías para poder votar legalmente y que la voluntad unánime de acudir a las urnas para decir si Cataluña quería ser un Estado o un Estado independiente ha sido imposible por la coacción de España. Lo cierto es que no se podrá votar, pero no porque los ciudadanos de Cataluña no puedan ejercer sus derechos, que lo hacen desde hace 37 años ininterrumpidamente, sino porque no pueden decidir sobre algo que afectaría al conjunto de todos los españoles, como es la ruptura territorial de nuestro país. Pero Mas no ha querido decirlo y ha seguido cultivando una ilusión que, como todas las incumplidas –y, sobre todo, aquellas engendradas desde los despachos del poder–, sólo provocará depresión y resentimiento. La consulta se está tambaleando y sólo falta anunciar que no se realizará, algo que no tardará mucho, según ha adelantado el portavoz de la Generalitat. Desde el inicio de este proceso, Mas ocultó la verdad y ahora vuelve a hacerlo: él ya está pensando en cálculos electorales que eviten el derrumbe de CiU, que está forzando una alianza con ERC, algo que su electorado más moderado no entenderá nunca. Ahora la calle, agitada desde los órganos cultivados por el mismísimo presidente de la Generalitat, le pedirá cuentas.