Urge una reacción internacional ante la dictadura de Maduro

La voluntad democrática del pueblo de Venezuela pudo expresarse por última vez el 6 de diciembre de 2015, hace un año y siete meses, y tuvo un resultado nítido: el 56,22 por ciento de los ciudadanos convocados para elegir la nueva Asamblea Nacional optó por los partidos que representaban la oposición al régimen chavista. La furibunda reacción ante la aplastante derrota del Gobierno de Nicolás Maduro, abocado a un referéndum revocatorio que no podía ganar, ya auguraba lo que iba a suceder: el secuestro de las urnas por parte del régimen bolivariano y la muerte de la democracia representativa. Ya que le habían dado la espalda al poder, nunca más los venezolanos podrían elegir libremente su destino ni a sus representantes políticos. Si la revolución no podía triunfar con los votos, lo haría por la fuerza de las armas, según las propias palabras del presidente Maduro. Así, lo que se vivió ayer domingo en Venezuela no era más que el trámite leguleyo con el que el régimen socialista bolivariano ha dado muerte a la democracia en Venezuela. Lo de menos son los resultados y los índices de participación. Con todos los resortes del poder secuestrados por el chavismo.
–desde el Tribunal Supremo hasta el Consejo Nacional Electoral, desde los medios de comunicación hasta las cúpulas sindicales – las urnas son mero teatro, apenas el atrezo con el que tapar la indignidad de la escena. Nada de lo ocurrido, sin embargo, se ha hecho en la oscuridad. Al contrario, durante más de un año, el mundo ha asistido impasible a la metódica destrucción de lo que quedaba de las libertades públicas en el país suramericano. Los gobiernos de las principales democracias han visto como el Gobierno de Maduro destituía jueces y fiscales incómodos y los sustituía por individuos afines. Como el régimen situaba a los mandos militares al frente de los ministerios económicos, núcleo de la corrupción, y destruía las bases productivas del país. Como se vaciaba de sus legítimas competencias a la Asamblea Nacional y se anulaban las elecciones municipales y regionales, y como, finalmente, se intentaba que el Tribunal Supremo se hiciera con las funciones del poder legislativo, maniobra espuria que fracasó ante la reacción del pueblo, que salió a las calles a despecho de una represión brutal. En definitiva, la comunidad internacional ha asistido sin la menor cortapisa al proceso totalitario que culminó ayer. Se nos dirá que tanto la OEA, como la Unión Europea y los Estados Unidos han puesto sus buenos oficios para disuadir a Nicolás Maduro, y que, incluso, Washington ha impuesto sanciones a algunos de los más conspicuos miembros del régimen, incursos en procesos judiciales por narcotráfico, prácticas corruptas o crímenes contra los derechos humanos. Todo esto es verdad, pero, también, completamente insuficiente. Ni siquiera la matanza sistemática de los jóvenes venezolanos que defendían en las calles la libertad y la democracia para su país y el encarcelamiento sin juicio de miles de opositores ha conseguido que las democracias occidentales adoptaran las medidas enérgicas que estaban a su alcance y que se han demostrado eficaces en otras latitudes. Pareciera que el modelo castrista, que mantiene subyugada a Cuba y al que se dirige Venezuela, goza de una especial impunidad. Todavía, sin embargo, hay tiempo para intentar reconducir la situación. El pueblo de Venezuela seguirá defendiendo la libertad, aun a costa de la vida de muchos de sus hijos, y merece el apoyo sin condiciones del mundo democrático. Comenzando por el desconocimiento oficial de unas elecciones liberticidas.