Urnas libres y con garantías

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No debería el Gobierno dejar pasar sin la respuesta adecuada la nueva campaña puesta en marcha por los separatistas catalanes con el miserable objetivo de sembrar la duda sobre la limpieza de las próximas elecciones autonómicas y, de paso, sobre la legitimidad de la Junta Central Electoral, organismo de supervisión que está integrado por vocales que son magistrados del Tribunal Supremo, por catedráticos en activo de Derecho, Ciencias Políticas o Sociología y por un secretario que desempeña igual función en el Parlamento. Es decir, por profesionales probados e independientes que a lo largo de las centenares de elecciones celebradas en España desde la Transición han demostrado su neutralidad absoluta y su estricto respeto a las normas que rigen los procesos electorales. Causa sonrojo, además, que los mismos individuos que pretendieron hacer pasar por válidos los resultados del simulacro de referéndum del pasado 1 de Octubre, en el que no se respetaron las más mínimas garantías para una consulta de esta naturaleza, se atrevan a afirmar que no descartan un «pucherazo» promovido por las autoridades del Estado y apelen a la presencia de observadores internacionales o afirmen que van a llevar a cabo un recuento paralelo de los resultados. Aunque nada de lo que plantean admite la menor consideración –las elecciones en España son siempre abiertas al escrutinio de los ciudadanos, y los partidos políticos supervisan los recuentos y el cumplimiento del Censo con sus propios interventores y apoderados– en estos tiempos donde las redes sociales son parasitadas por todo tipo de indeseables o de agentes al servicio de turbios intereses, el daño que los independentistas pueden causar a la imagen de España en el exterior puede ser grave. Es más, nadie ha puesto la más mínima pega a la limpieza de los comicios autonómicos catalanes ni a la composición de las Juntas Provinciales cuando los supervisaba una Generalitat de Cataluña dominada por los partidos separatistas, a pesar de que buena parte de la organización del proceso recae sobre los ayuntamientos, muchos de cuyos alcaldes se hallan hoy en franca rebeldía al orden jurídico constituido. Y nadie ha podido albergar dudas porque el sistema electoral español, ya se rija por la Ley General o por las normativas autonómicas en cada caso, se encuentra entre los más libres y seguros del mundo. Entre otras razones, porque son los propios ciudadanos anónimos, elegidos por sorteo, quienes se encargan del procedimiento material de votación en las mesas electorales. Nos produce, también, cierta indignación la mera tarea de tener que glosar la limpieza de las urnas en España, que son una de las mejores expresiones de nuestro sistema democrático, como se reconoce internacionalmente, frente a las insinuaciones de unos dirigentes políticos que no ha tenido el menor empacho en saltarse la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero confrontados ante la realidad de su fracaso y emplazados por la impecable decisión de Mariano Rajoy de convocar una consulta electoral con todas las garantías, preparan el terreno ante la posibilidad de una derrota en las urnas y, de paso, siguen ensuciando la imagen de España, insultando a sus ciudadanos e instituciones y demostrando que sólo son hábiles en la gestación y la gestión del odio. Pero no. Mañana comienza la campaña electoral para unos comicios de indudable trascendencia para Cataluña y para el resto de España. Desenmascaradas las mentiras del separatismo golpista, ahora los catalanes han recuperado la palabra.