Editorial

Escandalosa falta de medios contra el narco

Una democracia no puede ni debe resignarse ante el delito, ni tolerar zonas de impunidad ni admitir que la ley de la selva prime hasta subyugar el derecho de todos los españoles a vivir en libertad y seguridad

El asesinato de dos guardias civiles en Barbate, al ser arrollados por una narcolancha que ha dejado otros dos agentes heridos, ha recordado de manera trágica el estado de excepción que padece el Campo de Gibraltar, convertido en un foco de la delincuencia organizada dedicada al tráfico de droga. Las imágenes grabadas del atentado criminal contra la embarcación de la Benemérita que pretendía identificar a varios sospechosos, con el jolgorio de varias personas que celebraban el drama entre risas, resultan, además de desoladoras, el testimonio, uno más, de la degradación de una comarca en la que el estado de derecho no parece capaz de garantizar el orden que se espera de una democracia consolidada. La triste secuencia, anegada de vileza, ha desnudado ante la opinión pública la escandalosa inferioridad de los medios de las fuerzas de seguridad frente a los que disponen los narcos, con poderosas lanchas que son capaces de atropellar sin dificultad los botes de la autoridad. Tiempo habrá de profundizar en la operatividad y la idoneidad del dispositivo de Barbate y de extraer las conclusiones precisas. Para lo que no hay ya más plazos es para denunciar el discurso triunfalista y mendaz del Ministerio del Interior, rayano en la deslealtad y el compromiso para con los profesionales que se juegan la vida en primera línea y de paso con el interés general de una ciudadanía harta de una condena a perpetuidad bajo el yugo de las organizaciones criminales. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se apresuró ayer a anunciar más medios humanos y materiales contra la amenaza, cuando hasta hace dos ratos se jactaba de que la Comandancia disponía de los recursos necesarios tras haber implementado un 16% más de efectivos. Rebatía así las continuadas y desesperadas demandas de las fuerzas de seguridad, especialmente de la Guardia Civil, que alertaba de la vulnerabilidad. Marlaska ha desoído a todos aquellos que ensombrecían la fábula en torno a una política de éxito que había mejorado de manera extraordinaria la convivencia en la comarca. La sangre de los héroes de Barbate ha retratado las mentiras de un pésimo ministro, con méritos sobrados para haber sido retirado de todo servicio público hace muchísimo tiempo. El presente es tan crítico o peor que cuando Interior decidió frívola e inopinadamente acabar con la unidad especial del Campo de Gibraltar que combatía el narcotráfico y que logró la mayoría de las detenciones e incautaciones en 2022. En palabras del nada sospechoso fiscal jefe de Cádiz, se combate «en absoluta inferioridad» contra los narcos. Pero una democracia no puede ni debe resignarse ante el delito, ni tolerar zonas de impunidad ni admitir que la ley de la selva prime hasta subyugar el derecho de todos los españoles a vivir en libertad y seguridad. Urge declarar Cádiz Zona de Especial Singularidad para dotar de estabilidad y permanencia a los contingentes necesarios policiales y también los judiciales. Y un liderazgo renovado en el Ministerio de Interior.