¿España es un referente democrático?

Los excesos de la izquierda política y mediática en su férrea defensa del sanchismo alcanzan un nivel tan ridículo que resultad difícil de superar. El problema es que lo consiguen. La regresión que vive nuestra democracia no es una exageración, sino una inquietante realidad. Estamos muy alejados de ser un referente democrático, como alardeaban los ministros siguiendo el habitual argumentario que repiten como papagayos, sino un ejemplo de cómo la ambición política puede corromper un sistema en el marco de la Unión Europea. Es cierto que formar parte de este selecto club hace que no se puedan atravesar determinadas líneas rojas, pero es evidente que el denominado «plan de acción democrática» es un inquietante intento de amordazar o condicionar a los medios de comunicación, presionar a la Justicia y a la oposición. Con la excusa de la desinformación, el presidente del Gobierno, que se vanagloria de cambiar de opinión en función de sus intereses personales, pretende establecer un marco que favorezca sus ambiciones políticas sin importarle avanzar en el caudillismo. Es lamentable leer o escuchar las noticias que muestran cómo se deteriora el Estado de Derecho y la separación de poderes ante la indiferencia cómplice de una izquierda política y mediática que jamás hubiera permitido que un presidente y un gobierno del PP hicieran el 10 por ciento de lo que hace Sánchez.

No contento con el abrumador peso que tiene en los medios de comunicación quiere ampliarlo con una nueva cadena de televisión que concederá al millonario José Miguel Contreras y sus amigos, tanto españoles como extranjeros, para que repita los errores que cometió en el pasado y que trituraron centenares de millones de euros. El objetivo no es la pluralidad, sino contar con otro canal amigo donde colocar los mensajes políticos y servir al sanchismo. Por supuesto, contará con los recursos públicos que necesite para ayudar a la política informativa del Gobierno y sus aliados. No parece razonable considerar esta arbitrariedad como un servicio público. Contreras tendrá un BOE mediático que unir a RTVE que pasará a ser controlada por otro sanchista que sea fiel a la causa. No es algo que permita considerar que España es un referente democrático y entra en colisión, además, con la política de la UE en esta materia. La duda es saber si el PP permitirá en Europa que la maquinaria del fango de la izquierda consiga un nuevo instrumento al servicio de este objetivo.

Otro aspecto de este plan de acción democrática es volver al reparto de dinero público de forma arbitraria bajo el paraguas de la digitalización. A esto quieren unir un control de la publicidad que reciban los medios de comunicación. El intentar asfixiarlos económicamente y condicionarlos ideológicamente es algo muy antiguo, porque ha sido habitual desde el siglo XIX. Por supuesto, también quieren introducir reformas legales sobre la libertad de opinión, el secreto profesional y otros aspectos que persiguen, en realidad, amedrentar y amordazar la disidencia con el sanchismo. Esta ofensiva es impresionante y no tiene precedente en el resto de los países de nuestro entorno. La creación de una comisión ministerial es un auténtico esperpento. Una vez más, no quiero ni imaginar que diría la izquierda mediática y las asociaciones profesionales si estas iniciativas fueran puestas en marcha por un gobierno del PP.

La estabilidad de España está sometida a los caprichos de sus enemigos. Esto no hace que seamos un referente democrático. El presidente del Gobierno ha alardeado de que la amnistía era el pago a los diputados de Junts para lograr la investidura. Hace un tiempo decía que era inconstitucional y ahora ha impuesto su aprobación contando con un interprete tramposo, ya que controla el Tribunal Constitucional. El disparate alcanza un nivel increíble cuando leemos o escuchamos que los magistrados y otros juristas no podían opinar de la amnistía hasta que se aprobara o que no se puede cuestionar lo que haga el Poder Legislativo, aunque el propio Sánchez ha dicho que ésta dispuesto a gobernar ignorándolo. Los miembros del Gobierno aseguran que será constitucional, porque Conde-Pumpido tiene que cumplir su papel. Es otra muestra del proceso de mutación constitucional que se quiere imponer para que la Constitución sea lo que Sánchez y sus aliados quieren que sea. Estos socios son los comunistas, los antisistema, los independentistas y los antiguos dirigentes del aparato político y militar de ETA. No es ninguna exageración afirmar que los enemigos de España son los que deciden la gobernabilidad. Sánchez vinculó está semana los presupuestos del Estado a los congresos de Junts y ERC. Es un auténtico disparate que se suma a las negociaciones con relatores internacionales fuera del territorio nacional. Esto no hace que España sea un referente democrático, ya que esta anomalía ni sucede ni ha sucedido en ningún país de la UE.

Otro aspecto inquietante en este terreno es la transparencia y el buen gobierno. No se cumple ni lo uno ni lo otro. El entorno lobista del PSOE ha asumido un poder e influencia que no tiene parangón con ningún otro gobierno desde la Transición. No solo el aparato del Estado está al servicio del sanchismo, sino también sus recursos para drenarlos a empresas, productoras de televisión y despachos de influencias situados alrededor de los Contreras, Pepiños, Curtichs y otros muchos conseguidores cuyo único mérito conocido es su proximidad con el poder. Todo esto sucede ante la indiferencia de la izquierda mediática que espera recibir su parte del pastel mientras se dedica a proteger a Sánchez y denigrar a la oposición porque no se somete a las arbitrariedades. Finalmente, aunque la lista es muy larga y el espacio que tengo no es infinito, tenemos el soez intento de comprar a los presidentes autonómicos, algo que no ha conseguido, para que apoyen un sistema financiero de privilegio como sucede con el régimen foral en el País Vasco y Navarra para Cataluña. Todo ello hace que España no sea, desgraciadamente, un referente democrático, sino de regresión democrática.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)