El Gobierno de PSOE-Sumar ha anunciado un aumento del salario mínimo interprofesional para 2025 que, a primera vista, podría parecer una victoria para los trabajadores. Sobre el papel, el salario mínimo pasará de 1.134 euros a 1.184 euros mensuales en 14 pagas, lo que supone un incremento nominal de 700 euros anuales, es decir, de 15.876 a 16.576 euros al año. Sin embargo, detrás de este anuncio se esconde una trampa fiscal que, lejos de enriquecer a los trabajadores, amenaza con empobrecerlos.

La novedad de este año radica en que, a diferencia de ejercicios anteriores, Hacienda no actualizará el mínimo exento del IRPF para equipararlo al nuevo salario mínimo. Hasta ahora, cuando el Estado incrementaba el salario mínimo, también se ajustaba el umbral de exención del impuesto, de modo que los trabajadores que ganaban lo «justo» para vivir dignamente (según el Gobierno) quedaban libres de tributación sobre esos ingresos. En 2025, esta protección desaparecerá: los 700 euros adicionales sí serán gravados por el IRPF, de manera que una parte del aumento se verá absorbida por el fisco. Así, para los trabajadores solteros y sin hijos que cobren el SMI –alrededor de 500.000 personas– la carga impositiva sobre esos 700 euros adicionales, en promedio, llega a unos 300 euros anuales. Es decir, de los 700 euros de aumento, poco más del 40% se «desvanece» a través del IRPF. Además, también hay que tener en cuenta las cotizaciones sociales a cargo del trabajador, que supondrán otro drenaje de unos 45 euros anuales, y el implacable efecto de la inflación: en 2024, la inflación alcanzó el 2,8%, lo que hubiera requerido una revalorización de aproximadamente 444 euros meramente para mantener el poder adquisitivo. Sumando todos estos factores, resulta que estos perceptores del SMI no se volverán más ricos en 2025… sino más pobres.

Esta política, que disfraza de «enriquecimiento» lo que es en realidad un «empobrecimiento» parasitario del Estado constituye un claro ejemplo de cómo el intervencionismo estatal va fagocitando cada vez más recursos de la sociedad. Un espejismo legal –la imposición de una subida del SMI que encarece los costes de las empresas y que ni siquiera redunda en beneficios para muchos trabajadores– que, lejos de promover la prosperidad, socava la competitividad y el dinamismo del mercado laboral español.