Federalizar sin poder hacerlo

Poco antes de iniciar las vacaciones, el presidente del Gobierno dejó encauzado uno de sus objetivos prioritarios: colocar a Salvador Illa al frente de la Generalitat. Como es bien sabido, nada es gratis y Pedro Sánchez tuvo que conceder nuevas dádivas a sus socios independentistas de Esquerra. La principal, el concierto económico. Se trata de ese modelo de financiación que solo el Gobierno se niega a calificar por su verdadero nombre, siguiendo la conocida estrategia de crear eufemismos para que las cosas parezcan distintas de lo que realmente son. En este caso, Moncloa ha puesto todos sus esfuerzos en decir lo que –según su fábrica de titulares– no es el acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya, pero aún se está a la espera de que se explique lo que sí es.

Sánchez definió su pacto con Esquerra como un paso en la «federalización del sistema autonómico». Tal pretensión es legítima, igual que lo es proponer la independencia de una parte del territorio o desmontar las autonomías para volver a un modelo centralista. Cualquier propuesta se puede sostener, siempre que se respete al procedimiento constitucional. Y, en este caso, no parece cumplirse.

El artículo 2 de la Constitución española establece el estado de las autonomías y en ningún párrafo aparece la palabra «federal». Por tanto, si Moncloa quiere que España deje de ser un estado autonómico para convertirse en un estado federal, deberá someter su propuesta no a sus socios de Esquerra Republicana, sino a las Cortes Generales, y seguir el complejo (y políticamente inviable) procedimiento consistente en: aprobar el proyecto de reforma de la Constitución por una mayoría de dos tercios de cada una de las cámaras, disolver las Cortes Generales, convocar elecciones y volver a aprobar el proyecto en las nuevas cámaras por dos tercios de los votos. Si ese es el objetivo, pónganse a ello.

Aspirar a conseguirlo sin seguir el procedimiento no sería democrático, sino actuar como si se disfrutara de una amplísima mayoría parlamentaria de la que no se dispone, cuando ni siquiera el partido que gobierna fue el más votado en las últimas elecciones.