Gobernar es cumplir lo que prometes

En una democracia el sujeto de la soberanía nacional es el pueblo. La potestad recae en los ciudadanos y no en los políticos. Es el contrato social que preserva el equilibrio y las garantías y que se plasma en la Constitución. Cuando se quiebra, el sistema también lo hace. El sanchismo ha anulado esa tutela de los españoles hasta arrumbarla a un rol decorativo y circunstancial en otro síntoma de la degradación imparable del régimen de libertades con la izquierda. El ejercicio de ese poder absoluto, la concepción de un modelo de supremacía que se abalanza contra la oposición y contra el pueblo, degenera en despropósitos como que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, haya reconocido sin rubor que la mayoría de los españoles rechaza de plano el contubernio con los independentistas catalanes y haya reclamado «tiempo» para que se vean las «bondades» de esta medida. Abordar con tal frivolidad y arrogancia que se gobierna contra el juicio y la voluntad de siete de cada diez gobernados deja en evidencia la responsabilidad en el desempeño de los deberes del poder político en un estado de derecho y las convicciones de sus titulares, además claro de su legitimidad moral. Para ministros como Bolaños o Montero, la soberanía nacional reside en el Congreso, mientras cancelan el Senado y a la gente. Desdeñan los preceptos constitucionales y manipulan la arquitectura y la jerarquía institucionales conforme a un discurso y un proyecto hegemónicos contrario a la alternancia inherente a la democracia. Sin derechos ni deberes, sin el sostén ético de la verdad, se imponen la arbitrariedad, la discrecionalidad, la injusticia y el abuso. Emiliano García Page lo expresó ayer con rotundidad: lo que significa ganar unas elecciones es «poder gobernar para poder cumplir lo que prometes, porque si en realidad lo que haces es cumplir lo contrario, no sé si lo llamaría exactamente gobernar». Desearíamos que el alegato del presidente castellanomanchego contra la amnistía y el sanchismo, en el que habló de una mala ley porque «el delincuente no puede considerar la democracia un sistema opresor», removiera la contestación interna que la corrupción política merece. Puede que, como el barón socialista ha pronosticado, el conchabeo entre Sánchez y Puigdemont fracase y que los procesamientos de los golpistas continúen de una forma u otra. Que el Derecho se abra camino contra el muro de la infamia levantado para proteger el delito. Pero resulta imprescindible ir más allá para que todos los enemigos de la España constitucional no sometan nuestro presente ni arruinen el futuro. Somos realistas y no ignoramos que el poder y la ambición despojados de escrúpulos y decencia constituyen enemigos poderosos. Habrá recursos al Constitucional, cuestiones prejudiciales a Europa, movilizaciones y será complicado que no se plantee una moción de censura. Todo será poco. Sánchez amenaza con un «gobierno para rato», «le pese a quien le pese». Le pesa al pueblo, pero él lo ignora.