Impunidad política

El debate sobre la situación creada en el Gobierno por la decisión de Sánchez de corregir su «maravillosa» ley, referente mundial del feminismo, para evitar el inacabable goteo de maltratados y violadores juzgados, condenados y beneficiados por ella, plantea un debate tangencial pero de gran calado político. Por una parte, está la cuestión de que no tienen ninguna voluntad de romper la coalición ambas «almas» del Gobierno, en expresión del ministro de Agricultura, sin tener en cuenta el ateísmo dominante que niega su existencia. Esa cuestión es muy relevante, ya que formaliza la convicción de que el bien superior a preservar es el mantenimiento de los asientos en el Consejo de ministros, por encima de lo que desde ellos se decida. O dicho de otra manera más clara, que el verbo dimitir no se conjuga para la coalición.

Es evidente que nada la causará si ni siquiera una ministra lo hace –ni es cesada– cuando su ley estrella, tan luminosa que llega a deslumbrar a todo el Gobierno, desde su presidente hasta sus 22 integrantes, resulta un fiasco tan enorme que obliga a su corrección unilateral por la facción socialista. Lo cual refleja una inversión radical de valores tan grave como considerar inexistente la asunción de la responsabilidad política del gobernante con su dimisión o cese cuando sus decisiones resultan claramente lesivas para el bien común de la ciudadanía, lo que hasta ahora era considerado como una consecuencia ligada al correcto ejercicio del poder. Poner como excusa, pretexto o coartada para seguir en el disfrute del cargo que dimitir sería «dar satisfacción a la oposición», al precio que sea, es menoscabar la dignidad que debe rodear al buen gobernante y al buen Gobierno.

Otra reflexión es sobre el papel que en esas circunstancias corresponde jugar a la oposición, ya que este Gobierno es una excepción a lo conocido hasta ahora de Ejecutivos monocolor, en los que la unidad de acción política era una regla no sometida a discusión. En la actualidad la coalición gubernamental actúa cual una yuxtaposición de «dos Gobiernos en uno», y la incapacidad de encontrar acuerdos en cuestiones conflictivas se «resuelve» mediante proposiciones de ley, como en el caso que nos ocupa, nada menos que para modificar una ley orgánica del calado jurídico político del Código Penal y con la oposición actuando de salvavidas de Sánchez. Esto sucedió también con el gasto en Defensa, que se sustrae al control del Congreso, y ahora con la RAN en Rabat. Al final, con este proceder el sanchismo tiene larga vida asegurada ahora y en el futuro.