Justicia y razón

Un poder judicial independiente es la garantía del ordenamiento democrático, a través del mismo se garantizan los derechos de los ciudadanos, se ofrece seguridad jurídica y las garantías imprescindibles para una convivencia democrática; un ataque a la independencia de la justicia es signo seguro de un retroceso democrático. En España, en estos momentos estamos inmersos en un peligroso proceso que no solo pone en peligro la independencia del poder judicial, la separación de poderes, el principio de igualdad, sino la misma esencia del estado de derecho y de nuestra democracia que nos puede conducir a derroteros muy peligrosos para nuestra estabilidad constitucional.

En este contexto en el que se ha pasado de la crítica a la amenaza, un político prófugo y declarado rebelde con el que se negocia directamente la proposición de la ley de amnistía ha podido llegar a decir en unas declaraciones a un medio de comunicación llamado «Político», que «El término lawfare es como la cabeza de caballo del Padrino: es una advertencia de que hablamos en serio»; si es cierto, es tremendo que se reafirme la seriedad de la amenaza con la referencia a la cabeza de caballo que aparece en el film, y lo más deleznable, la ausencia de reacción alguna por parte de sus socios en la amnistía; no podemos olvidar que la imagen de la cabeza de un caballo ensangrentado colocado en una cama que aparece en una escena de la película «El Padrino» es una subtrama que sirve para mostrar de manera contundente el poder, la impunidad y la ausencia de límites del «padrino», todo un inquietante, vergonzoso y dramático símil; no hay que olvidar el viejo refrán «Quien del juez huye, contra sí arguye».

Otro personaje de este terrible episodio nacional, otro político, en este caso condenado por el Tribunal Supremo y amnistiado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha dicho hace dos días que la cúpula judicial comparecerá en el Congreso para explicar los casos de lawfare contra el independentismo, y nada se ha objetado por parte de quienes le arropan y acompañan en este quebranto a la separación de poderes y a la independencia (integridad y seguridad incluidas) del poder judicial. En este contexto y ante una rigurosa y escrupulosamente técnica sentencia de Tribunal Supremo que anula el nombramiento hecho por el Gobierno de la presidencia del Consejo de Estado por no concurrir en la elegida el requisito de tratarse de una jurista de reconocido prestigio, el propio Gobierno en palabras de su portavoz se dice que «no es ejemplo de separación de poderes», confundiendo o queriendo confundir lo que es la independencia del poder ejecutivo con su sometimiento como poder público al ordenamiento jurídico, y por ello, al control jurisdiccional; se trata de un acto que siendo político no es discrecional de forma absoluta, y máxime cuando se acreditó, como el propio Tribunal afirma, una legitimación objetiva y no espuria del recurrente; no es este el ámbito para tratar si hay o no diferencias entre actos políticos y administrativos a los efectos de su control jurisdiccional, pero de lo que no cabe duda es que cuando concurre, como es el caso, un requisito reglado que limita la discrecionalidad, su posibilidad de control por los tribunales es mayor, y negar esto e identificarlo con un quebranto de la separación de poderes, es un nuevo caso de deslegitimación de la actuación del Poder judicial, que da todavía si cabe, más combustible a aquellos que quieren acabar con nuestro orden constitucional.

Como decía Quevedo «en un país con poca justicia es peligroso tener razón»; en España todavía hay justicia y además tenemos razón, pero el Poder Judicial está seriamente atacado.