Sin Perdón

La limitación del poder y el Estado de Derecho

«La situación del Ministerio Fiscal es tanto una anomalía como una perversión del modelo constitucional»

La democracia se basa en la separación de poderes y en la existencia de un sistema de contrapesos que garantice el control, la transparencia y la rendición de cuentas. No es el mero ejercicio mecánico de la celebración de unas elecciones o la aplicación de mayorías sin respetar al resto de formaciones políticas. Por supuesto, no puede ser la dictadura de una minoría. Desde la Antigüedad hasta nuestros días, la reflexión sobre la limitación del poder es un tema que ha ocupado a filósofos, juristas y teólogos. Se ha abordado desde diferentes perspectivas y se han ofrecido diversas soluciones. Ha sido una reacción a la preocupación ante la tiranía. La acumulación del poder en una persona o un grupo dirigente conduce, necesariamente, a ella. La Grecia clásica, especialmente Atenas, y la República Romana dieron respuesta a esta inquietud. La primera como consecuencia de los gobiernos despóticos que sufrieron las ciudades Estado y la segunda como reacción a la Monarquía tras deponer al rey Tarquino el Soberbio. Las instituciones que crearon los griegos y los romanos junto a la doctrina cristiana servirían de inspiración en la evolución de ese proceso para buscar la limitación del poder.

Su formulación actual proviene de la separación de poderes planteada por Locke y, de forma definitiva, por Montesquieu. Fue en el marco de la Ilustración y recoge no sólo el conocimiento de Grecia y Roma, sino de los pensadores que habían reflexionado sobre esta materia y de la experiencia de las luchas y conflictos que se vivieron en Europa en el proceso de formación del Estado moderno. Es cierto que no se sufrieron regímenes despóticos como los que existieron en otras zonas del mundo gracias a la influencia del cristianismo. Ese respeto a los derechos humanos que emana de las enseñanzas de Jesucristo actuaría como una limitación del poder, dando lugar, además, a esa idea nuclear del pacto entre el soberano y su pueblo. Un rey que no respete las leyes naturales y de la nación no tiene legitimidad para gobernar el reino. El carácter divino del origen de ese poder real, que encontramos en la Biblia, actúa en una doble dirección. En primer lugar, el pueblo tiene que respetar al soberano, pero la otra cara de la moneda es que tiene que gobernar de forma justa y alejada de cualquier tentación tiránica. El Estado de Derecho se basa en la separación de poderes, ya que se tiene que impedir que uno de ellos pueda controlar a los otros. En la famosa obra de «El señor de los anillos» vemos esa lucha contra la tiranía. La encontramos en la idea de un anillo para que pueda controlar a los otros con el fin de someter a todos los pueblos a la tiranía de Sauron. Es la lucha del bien contra el mal.

La evolución de los sistemas parlamentarios muestra que el Legislativo acaba controlado, en algunos casos, por el Ejecutivo convirtiéndose en una correa de transmisión de sus deseos. No sucede en los países donde el sistema electoral favorece la independencia de los parlamentarios frente a modelos como el español donde se ha impuesto la partitocracia en algunos partidos con un fuerte liderazgo personalista basado en el populismo y la demagogia. Es algo que se constata en el Congreso en dos aspectos. En primer lugar, un débil control del Gobierno, la dificultad de exigirle la rendición de cuentas y garantizar la transparencia en sus actos. Por otra parte, el deterioro de los procedimientos legislativos con el abuso de los decretos-ley y las proposiciones de ley en lugar de los proyectos de ley, la declaración de una urgencia innecesaria en la tramitación de algunos textos, la escasa calidad de las normas que se aprueban, la lectura única y el abuso en la prórroga de los plazos de enmiendas. Todo ello al servicio de los intereses del Gobierno de turno.

La independencia de la Justicia es un pilar fundamental del Estado de Derecho. La situación del Ministerio Fiscal es tanto una anomalía como una perversión del modelo constitucional, porque nunca estuvo en el ánimo de los constituyentes que fuera el brazo armado del Gobierno al servicio de sus intereses partidistas. Otra cosa es que no siempre lo consiga, ya que muchos fiscales ponen por delante el imperio de la ley a cualquier otra consideración. Los ataques que están sufriendo los jueces pone de manifiesto una deriva autoritaria incompatible con la separación de poderes y el Estado de Derecho. Desde la absurda reforma de la acción popular para consagrar la impunidad a la innecesaria reforma de la carrera judicial son inaceptables intentos de acabar con la independencia de los jueces. Los datos objetivos, como acertadamente señaló la presidenta del CGPJ, desmontan los falaces argumentos que se han utilizado contra el sistema de acceso, así como de la invención de un sesgo ideológico en base a unas razones socioeconómicas sobre el origen de los que superan las oposiciones a jueces y fiscales. La inmensa mayoría de ellos no provienen de familias de juristas, sus economías son modestas y han estudiado en universidades públicas. Más de la mitad son mujeres. Una vez superada la oposición se debe completar con un curso teórico práctico de un año en la Escuela Judicial, un periodo de seis meses de prácticas tuteladas y un periodo de sustitución y refuerzo de al menos cuatro meses. No es solo memorística, sino que la experiencia práctica es fundamental. No hay un sesgo conservador o elitista, sino jueces que se limitan a respetar el imperio de la ley y no siguen el uso alternativo del Derecho. Por ello, hay que preservar la independencia del Poder Judicial y acabar con los ataques partidistas que reciben de la izquierda política y mediática.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).