Mentiras arriesgadas

Terminaba mi último artículo citando la famosa frase atribuida a Quevedo «en un país con poca justicia es peligroso tener razón» en relación con amenazas y deslegitimaciones que se ciernen sobre el Poder judicial español, especialmente sobre los jueces que se han visto en la obligación de resolver conflictos jurídicos en el contexto de eso que se denomina independentismo catalán implicado en el procés. Esta semana hemos presenciado como desde la Tribuna del Congreso una portavoz de un partido independentista citó a jueces con nombres y apellidos, calificándolos de indecentes a la vez que pedía que fueran cesados y juzgados, así como a otras personas relacionadas con la Guardia Civil o con los medios de comunicación; esto se produce ante una más que cuestionable inacción por parte de la Presidencia de la Cámara en su obligación de velar por el adecuado desarrollo de los debates, y en concreto, su abdicación en llamar al orden a la diputada en cuestión por proferir conceptos ofensivos hacia las personas citadas. Las indecentes expresiones proferidas, estas sí, siendo graves no son peligrosas por inocuas en sí mismas, lo realmente comprometido es el silencio que roza en la anuencia de aquellos que debieran cuestionar estos comportamientos, nuestros gobernantes. El delirante relato independentista de los sucesos relacionados con el procés está impregnando peligrosamente toda la actuación de nuestros máximos responsables políticos, y la cuestión es que cada semana nos encontramos con una añagaza antidemocrática mayor. Los indultos supusieron el perdón para aquellos que no lo pidieron y que además se jactaron en que lo volverían a repetir; después vino la derogación del delito de sedición, proporcional en sus consecuencias cuando se pretendía aplicar a los controladores aéreos, pero desproporcionado, según la exposición de motivos de la ley derogatoria, cuando se ha aplicado a delincuentes políticos independentistas; ahora llega la amnistía, el total olvido de los delitos y de sus consecuencias, pero no es suficiente, se llega al paroxismo de la negación de la esencia de una democracia (quiebra del principio de legalidad y proscripción del de igualdad); se pretende que esta amnistía «a la española» no solo suponga el olvido de los delitos cometidos, sino que se afirma que estos delitos no han existido, y además los que pareciera que han podido delinquir son los que se vieron en la obligación legal de llevar a cabo la persecución y enjuiciamiento de los graves hechos cometidos en Cataluña, y de paso los periodistas que lo contaron ejerciendo su derecho a informar y opinar. Todo un giro dramático y escandaloso del relato que no está siendo cuestionado por quien tiene esa obligación y que con su silencio y su voto favorable a la constitución de las comisiones de la desvergüenza democrática permite que esto ocurra. En junio de 1936, España estaba en un periodo de gran tensión y en este contexto se establecieron tribunales especiales con el propósito de juzgar a jueces. Estos tribunales tenían como objetivo principal depurar el sistema judicial de elementos considerados contrarios a los ideales de lo que algunos entendían por República, todo ello, reflejo de la polarización política y social que atravesaba España en ese momento, un factor que contribuyó significativamente al estallido de la Guerra Civil. Hace poco recordaba la frase de Karl Marx que expresa que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. No cabe duda de que en este devenir rápido de la historia acciones como las que estamos presenciando nos llevan al enmohecimiento y al ridículo, pero lejos de aquel riesgo que hace casi cien años nos llevó a la mayor tragedia colectiva española. La farsa se desvelará y el sentido común se impondrá.