Mujeres y niños asesinados en los últimos tiempos

Recientemente acabamos de recibir nuevamente una terrible noticia. Al parecer, un familiar ha asesinado a una madre y a un niño de tres años. Lo más estremecedor es que la madre había recibido amenazas explicando la intención aterradora y por fin el agresor consiguió su propósito. Otra terrible noticia también reciente, se asesina sin piedad a una mujer embarazada.

Tenemos muchas leyes que exigen y promueven la igualdad de todos los ciudadanos. Son las Cartas Magnas de los países civilizados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a las que hay que añadir el Tratado de Roma y toda la extensa legislación de la Unión Europea, reglamentos, directivas y disposiciones administrativas. Lo que se debe hacer es aplicar la normativa y sin duda promover la educación, que penetre en el tejido social el respeto a todo ser humano, criterios que defiende la moderna sociología, e intentar proteger a cientos de mujeres y menores que son víctimas de ataques tremendos sufriendo lesiones, en el supuesto de que conserven la vida, no solo físicas sino psicológicas que se mantienen en el tiempo. La Convención de la Haya firmada en 1980 y aprobada por España en 1987 estableció un sistema que ampara a los pequeños en situaciones conflictivas de rupturas familiares y matrimonios trasnacionales. Es un buen acuerdo jurídico, pero poco práctico, al parecer.

No hay más que recordar que nos invade un escepticismo al analizar lo infructuosos que resultan algunos sistemas de prevención. Cuando una persona está amenazada y tiene al enemigo en su casa o alrededores, lo importante es que se le otorgue protección rigurosa, no una pulsera que identifique al agresor o el mandato de que se aleje. Se dice que es muy costoso, pero lo es mucho más la pérdida de una vida humana y la orfandad de tantos menores que tienen que pasar el resto de su vida sin un apoyo, sin una caricia materna y el recuerdo terrible de un familiar asesino. No es suficiente con unos minutos de silencio ante los ayuntamientos o delante de las casas de la tragedia, ni reportajes en los medios de comunicación con entrevistas a los vecinos de las personas atacadas. Hay que reaccionar. Todos, los poderes públicos, los Inspectores, policías, los médicos, los vecinos tienen la obligación de proteger a toda persona amenazada de forma efectiva. Es inevitable el dolor cuando puede tratarse de enfermos o de indefensos. Hay que evitar estas tragedias con severas leyes y ayuda social en todos los ámbitos.

En tiempos pasados, no tan lejanos, se ha considerado como algo normal la inferioridad de las mujeres y la escasa importancia de los niños. Se sabe que, a pesar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, los derechos solos se concedían al hombre, la prueba es que una revolucionaria Olimpe Couges intentó que se extendieran a las mujeres y fue ejecutada. En España también recibió desprecios Clara Campoamor que pretendía el derecho al voto para las mujeres. Aunque han pasado muchos años lo triste es que aún existan tratos diferenciales entre los sexos, en las familias, en los trabajos, en relación con los lugares de origen, en la esfera social, en las edades de los ciudadanos. Estos asesinatos tienen que ser los últimos. Hay que exigir una protección total a los que estén amenazados y, procurar la educación y exigir el respeto a todo ser humano.

La Constitución es muy clara. Todos los españoles son iguales ante la ley. No puede prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Aplicar este precepto es lo que hay que conseguir.

Debe conseguirse la práctica de los valores sociales que procuran la convivencia para la paz social y hasta que eso se consiga, proteger con todas las fuerzas existentes a las personas que estén en peligro como sabemos, ahora mismo con este reciente ataque tan cruel, con graves consecuencias que afectan a mujeres y niños, para consternación de toda la sociedad. Muchos menores se nos han ido en edades tempranas a manos de padres, madres o familiares probablemente con desequilibrio mental. Hay que poner todos los medios para que no se produzca nunca más tal desgarro social.

Guadalupe Muñoz Álvarez, es Académica Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.