Allá por 1789, la toma de la Bastilla, con la que comenzó la Revolución Francesa, marcó un tiempo diferente para Francia, Europa y el mundo, donde los Derechos Humanos primaban en las sociedades civilizadas. De entre todas las conquistas, sobresalía una, que figuraba en la declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: La presunción de inocencia. Ese concepto, núcleo del sistema de Justicia de los Estados democráticos, asume que «La verdad interinamente afirmada y mantenida exige que se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada, exigible en todo caso, para que el Tribunal pueda condenar». A nuestras vidas llegó de manera rotunda y como símbolo de equidad y libertad en la Constitución de 1978, donde figura en su artículo 24, apartado 2. Desde entonces solo en una circunstancia, con la Ley del solo sí es sí, se ha tambaleado, al propiciar esta norma que solo con que la víctima afirmara no haber consentido, pudiera ordenarse un ingreso en prisión. Es cierto que es casi imposible verificar lo que ocurre en la más estricta intimidad, pero también que hay muchas maneras de conseguir que las pruebas circundantes sean suficientes, para que, en casos de presunta agresión sexual, como el reciente de Dani Alves, no se determine un veredicto de absolución. Es verdad también que, en este caso, hubo una primera sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña, que consideraba al denunciado culpable; pero la segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (con tres juezas progresistas), concluyó, tras volver a analizar las pruebas, que eran insuficientes para ratificar tal culpabilidad. Aunque tras la petición de la fiscalía, ahora deberá dirimir el Supremo, quedará para el penoso recuerdo que la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, asegurase en un mitin político que: «Es una vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante», provocando, claro, la conmoción general. Luego se disculpó «sin problema» (así, como si su falta hubiera sido nimia…); pero nos dejó a todos estupefactos, pensando que una persona que nos representa a tan alto nivel, es capaz de «equivocarse» respecto a uno de los pilares de nuestros derechos fundamentales…, ¡y no dimitir! Pero, ya saben: Las dimisiones de los políticos españoles son impensables, aunque existan, ahí sí, negligencias probadas.