Otra burbuja inmobiliaria y la funesta política de vivienda

Asser Lindbeck (1930-2020) fue un profesor de economía de la Universidad de Estocolmo que provocaba a sus alumnos con una afirmación que se haría famosa: «Los controles de alquileres parecen constituir la técnica más eficiente entre todas las conocidas parra destrozar una ciudad...con excepción del bombardeo». Lindbeck, durante casi tres lustros (1980-1994), también fue el presidente del Comité del Banco de Suecia que elige al premio Nobel de Economía. Ya entonces se quejaba de «la utilización indebida de los subsidios» y advertía de que «la picaresca está destrozando el Estado del Bienestar» que, por cierto, estuvo a punto de irse al garete en Suecia a finales del siglo pasado cuando las cuentas públicas rozaron la quiebra y hubo que aplicar remedios y ajustes notables, por si los ejemplos tienen alguna utilidad.

La vivienda es uno de los grandes problemas en España y una de las principales preocupaciones de muchos ciudadanos. El acceso a una vivienda, en alquiler o en propiedad, es cada vez más complicado y caro. Más complicado por la escasez de la oferta, resultado de políticas funestas –municipales, autonómicas y estatales– y no más caro, sino prohibitivo, porque ya hay precios que rozan los de los tiempos de la burbuja que estalló en la primera década del milenio.

Los datos son contundentes. El Banco de España estima que hacen falta unas 600.000 viviendas, pero que apenas se construyen 90.000 cada ejercicio, mientras se forman 275.000 nuevos hogares al año. Las consecuencias de tamaño desajuste entre demanda y oferta ha sido un aumento de precios de venta cercano al 25% en los últimos siete años y mucho mayor en el caso del alquiler en las principales ciudades. En la práctica, otra burbuja inmobiliaria, distinta a la anterior, pero también insostenible. Hay varias razones que explican el panorama desolador de la vivienda, pero destacan, como apunta Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, «las trabas al desarrollo del suelo construible». A todo eso hay que añadir las diferentes políticas intervencionistas, desde las de Ada Colau en Barcelona durante ocho años, a las del Gobierno central, también del mismo sentido, azuzado por sus miembros, primero de Podemos y ahora de Sumar. Seis años después de que Sánchez llegara a la Moncloa, y cuando ya no puede escurrir el bulto, el escenario de la vivienda no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado y todas las medidas van orientadas a imponer más controles, sin que nadie, por lo menos, valore la advertencia de Lindbeck.