El artículo constitucional estuvo redactado. Decía así: «Ningún partido político, ninguna central sindical, podrá gastar un céntimo más de lo que ingrese a través de las cuotas de sus afiliados». Me parece que este texto ni siquiera llegó a los siete constituyentes. Era la garantía de hacer plena la democracia pluralista, pero Adolfo Suárez lo rechazó, de la misma manera que se negó a aceptar el límite de ocho años en la presidencia del Gobierno.

Así que el grueso de la financiación de los partidos políticos corresponde actualmente al Estado. Y para colmo, son los propios partidos los que fijan la cantidad que reciben. Aunque las cifras resultan oscilantes, se puede afirmar, en números redondos, que el 80 por ciento de los ingresos de los partidos políticos es de origen público. Los datos marean. El Partido Popular ingresa más de 50.000 euros diarios de las arcas del Estado; el PSOE, 40.000; Vox, casi 17.000 y Sumar, 16.500.

No es solo que la democracia española consolidada en la Constitución de 1978 haya derivado en una partitocracia. Es que se ha convertido en una partitocracia de Estado. Es el dinero público el que sostiene a los partidos políticos. También a las centrales sindicales. La adulteración democrática que esta realidad supone preocupa a los intelectuales que estudian la transparencia de la realidad española. Y si resulta negativo el poder que se han atribuido a lo largo de los últimos cuarenta años los partidos políticos, más alarmante se considera que el 80% de su financiación se sufrague con dinero público. Y que el gasto en el que incurren, muchas veces desmedido, se nutre a través de los impuestos con los que se sangra a los ciudadanos, cercanos ya a la hemorragia.

Ningún partido político de relieve se atrevería a proponer ahora lo que debió aprobarse en 1978: la imposibilidad de gastar un céntimo más de lo que se ingrese a través de las cuotas de los afiliados. La sociedad española sería más libre y más estable. Y la democracia pluralista más plena si se recortaran los privilegios de los partidos políticos y su financiación pública. La partitocracia de Estado cuartea los cimientos de la democracia plena y puede conducir a una peligrosa restricción de la libertad política.