De la patada a la narcolancha

El reciente asesinato de dos guardias civiles en Barbate ha conmocionado a la sociedad española, tanto por el hecho en sí como por la forma en que se produjo. La alevosa acción de sus autores, quienes se prevalieron de potentes narcolanchas para arrollar a los guardias civiles, que navegaban en una frágil embarcación, no ha dejado impasible a la sociedad española.

Cualquier persona sensata sabe distinguir entre un accidente propio de una actividad peligrosa del Instituto Armado y un perverso asesinato perpetrado por una banda criminal. El asesinato a sangre fría no puede estar contenido en el catalogo de riesgos razonables que debe asumir un agente de la autoridad.

Los crímenes de Barbate son viles asesinatos que deben ser castigados con toda la firmeza que la Ley permita, a la vez que constituye una obligación inexcusable de los poderes públicos evitarlos con la misma contundencia.

La vida e integridad física de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben ser objeto de una protección real y efectiva, dotándoles para ello de medios personales y materiales, así como de disposiciones legales que garanticen tanto la eficacia en el cumplimiento de sus obligaciones como su seguridad e integridad.

Los infractores de la ley deberían ser conscientes que cualquier ataque a un miembro de las FCSE es, en realidad, un ataque a la sociedad en su conjunto y una grave e inaceptable violación de nuestro ordenamiento jurídico. En la medida que los delincuentes no lo perciban así, la seguridad pública estará en peligro.

La protección física y legal de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no es solo una protección personal e individual, sino que, y sobre todo, es una protección a la sociedad en su conjunto. Cuando brindamos protección a nuestros guardias civiles en su lucha contra el narcotráfico o contra cualquier tipo de delincuencia, en realidad es la sociedad la que se protege a sí misma y, de esta manera, el bien público seguridad pública se refuerza y resulta fortalecido.

Por ello, las FCSE deben estar suficientemente dotadas para evitar la criminalidad, pero también deben estar disuasoriamente protegidas. Así las cosas, cabe preguntarnos ¿actualmente es así?

Los asesinos de Barbate mostraron, con su crueldad, un nulo respeto por la vida de los guardias civiles, al ensañarse en su acción criminal. Los asesinos pusieron en evidencia un déficit disuasorio en la actual protección legal que gozan nuestros servidores públicos.

Igualmente quedó acreditada la infradotación, al menos en aquel momento, de los medios materiales que disponía la Guardia Civil en Barbate para luchar eficazmente contra el narcotráfico organizado.

La actual situación de la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho de Gibraltar arroja sombras de dudas sobre las razones por las que el Ministerio del Interior disolvió en 2022 la exitosa unidad OCON Sur, un grupo especial de la Guardia Civil que cosechó innumerables triunfos en la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Cádiz. Nadie ha dado una explicación convincente de ello.

Lo mismo cabe decir de la protección legal. Hay resoluciones difíciles de entender. En una reciente entrevista a la fiscal antidroga de Cádiz, visiblemente indignada, se lamentaba que un juez de instrucción de Sanlúcar de Barrameda había tomado declaración a los autores materiales de una agresión a una embarcación de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalquivir, para a continuación decretar la libertad de los agresores, quienes muy probablemente estarían dispuestos a reincidir.

Las garantías jurídicas para los investigados en un procedimiento penal es una exigencia de nuestro ordenamiento constitucional, pero a veces se olvida que las medidas cautelares y la prisión provisional también lo son y, sobre todo, cuando se pone en juego la integridad física de los guardias civiles, que es un bien jurídico, tan protegible o más, que la libertad de un agresor.

Y qué decir de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que, rectificando al Tribunal Supremo, concedió amparo parcial a un diputado condenado por propinar una patada a un policía y anuló la pena accesoria de inhabilitación, quedando como única sanción la multa de 540 euros, cantidad insignificante para el sueldo y complementos de un diputado. Y todo ello en base a que la sentencia del Supremo «produce un patente derroche inútil de coacción». ¿Inútil para quién? ¿Para el policía que recibió la patada? ¿Para la sociedad que se desprotege con ese candoroso e inconsistente razonamiento? Se entiende el envalentonamiento de delincuentes y narcotraficantes.

Urge tomarse en serio la dotación de medios personales, materiales y legales a las FCSE para su eficaz lucha contra la delincuencia en general y el narcotráfico en especial, así como para la protección de las vidas e integridad física de sus miembros. La laxitud de la Ley, y sobre todo de su aplicación, no ayuda a ello.