El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el primer estado de alarma para la gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus de Wuhan. El virus zarandeó el mundo como ningún otro fenómeno en este siglo. La vida mutó dramáticamente. El trauma resultó tan colosal que la angustia se convirtió en una sombra perpetua. El enemigo silencioso y letal bajó el telón de aquel tiempo en el que todo era sólido. Su estela numérica habla de su magnitud destructora. La estadística de defunciones, según causa de la muerte del INE, recoge que 150.426 personas fallecieron en España desde el inicio de la pandemia hasta finales de junio de 2023, cuando se dio por concluida. De estos, 135.207 óbitos corresponden a covid-19. La edad media de las víctimas fue de 82,14 años. Se dieron casi catorce millones de contagios. La esperanza de vida retrocedió 1,7 años en 2020 hasta los 82,3. En 2019 había llegado a los 84, la más alta de la UE. El enclaustramiento y la hibernación de la primera alarma desplomó la economía el 17,8 por ciento. Se recuperó el PIB previo en abril de 2023. La deuda pública acabó en el 101,8 por ciento del PIB a finales de 2024, 4,1 puntos más que antes de la pandemia. La tasa de paro llegó al 16,26 por ciento. Un país en depresión y aterrado por oleadas de muerte, sobrepasado y colapsado, vulnerable y maniatado por la incuria de quienes tenían el deber de velar por la seguridad y la vida de los españoles. Echar la vista atrás nos obliga a incidir una vez más en el reproche y la censura rotundas de la gestión de la pandemia por parte del sanchismo y sus cómplices. Cinco años no han alterado un ápice nuestro parecer sobre el peor desempeño de una administración en la crisis sanitaria a nivel global. Sobrada de errores y huérfana de aciertos, los nombres y apellidos de los notables sanchistas integran una lista negra de servidores públicos que dirigieron sus actuaciones bajo criterios políticos e ideológicos con un precio que pagó la ciudadanía. Se relativizó el peligro, no habrá más de dos o tres casos, o todo está controlado, se dijo en enero de 2020; salimos más fuertes... Se generó un relato tendencioso y miserable que condujo a muchos de nuestros compatriotas a la enfermedad y la muerte con, entre otras decisiones, demoras temerarias en el confinamiento para salvar el fatídico 8-M o la necesaria adquisición de medios de protección. Se pretendió también aprovechar la excepcionalidad para dañar al adversario, en este caso la Comunidad de Madrid, reconocido referente de eficiencia contra la infección en Europa, a la que se la cercó y acosó en una campaña infame e indigna que se prolonga hasta hoy. La pandemia fue una página luctuosa grabada para siempre en la memoria colectiva, pero también, y es aquí donde insistimos en poner el acento, acusadamente tenebrosa en el papel de aquellos que estuvieron y están a los mandos en el Estado. Desde Moncloa se mintió con fruición a los españoles sobre falsas recuperaciones y expertos que no existían, se vulneró la Constitución, se violentaron las normas y los derechos fundamentales con ilegales estados de alarma, cogobernanzas y cierres parlamentarios. Se instrumentalizó el mando único al antojo del presidente para abandonar a su suerte a las comunidades y endosar los cadáveres a las autoridades regionales con un cénit de ruindad política en el caso de las residencias de ancianos. Se canceló la transparencia en favor de la corrupción. Un lustro después, la sensación amarga es que la peor gestión de la crisis ha salido gratis a los culpables, con Sánchez a la cabeza, que no se ha obrado con rigor sobre la fiscalización de lo sucedido y las recomendaciones al efecto y que España es más vulnerable si cabe a una emergencia similar bajo el mismo liderazgo que vetó con la Fiscalía a su mando las querellas que pedían justicia. Queremos pensar que la habrá. Tarde o temprano. Por dignidad.