Poderes

Un fenómeno político está sucediendo en países muy distintos, formalmente democráticos: por doquier, gobiernos débiles creados en coalición de partidos pequeños muy extremistas, intentan asaltar el poder judicial, asumirlo y adicionarlo al poder ejecutivo. La fragmentación del voto –imprevisiblemente–, no ha fortalecido a las democracias mediante «enriquecedores» pactos y alianzas…, sino que ha traído una debilidad mayor, devenida en fiereza: la intención de acabar con la división de poderes. Porque el poder judicial es la última garantía de que el poder ejecutivo no podrá traspasar los límites de la legalidad. Acabando con él, contaminándolo y añadiéndolo al ejecutivo como apéndice de un gobierno debilitado, los políticos se aseguran, además del control total, la seguridad de que no serán encausados, juzgados y quizás condenados por delitos que, según las reglas democráticas, posiblemente estén cometiendo. Claro que se saben en riesgo por sus propios excesos, de ahí que traten de colonizar al poder judicial, para certificar que sus desmanes quedarán a salvo del futuro escrutinio y el juicio severo de la ley. Esto está ocurriendo, o ha sucedido ya, en varios países. Es un fenómeno cuasi global. Los nuevos gobiernos, presionados por los socios extremistas son conscientes de que sus excesos solo se pueden neutralizar a través del control del poder judicial. Así, asistimos por doquier al penoso espectáculo de unos «políticos que nombran a los jueces que podrían tener que juzgarlos». La debilidad ejecutiva no está resultado buena para la democracia. Esos gobiernos de coalición, fuera de las series de televisión del tipo «Borgen», no trabajan para el bien común, sino para poner en marcha bruscos cambios sociales, a veces crueles o muy dolorosos, utilizando las leyes y la violencia institucional para ello. Los cimientos de la democracia son la división de poderes, acabar con ella dejará a la ciudadanía en manos extremistas, de partidos radicales minoritarios. La promiscuidad entre poderes enturbia la Justicia y empeora la prosperidad, la democracia y el bien común. Nunca obra a favor de los ciudadanos, sino del provecho particular de tales políticos, constituidos así en Nueva Aristocracia.