Ponga un mediador en su vida

La esperada reunión entre Feijóo y Sánchez fue mejor de lo previsto, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Lo más importante es preservar el Estado de Derecho e impedir la ofensiva de la izquierda radical y los independentistas contra la separación de poderes. La situación del CGPJ es un desastre, pero no es culpa del PP. El problema de fondo es que el PSOE y sus aliados quieren que esté alienado, como sucede con Pumpido y el TC, con lo que eufemísticamente denominan la «soberanía popular». Es decir, quieren que sea una mera correa de transmisión de los intereses de la coalición de gobierno socialista comunista. Nunca me ha gustado su politización y es evidente que el sistema de elección es un fracaso. No garantiza la independencia de este órgano constitucional, aunque, salvo excepciones, los jueces lo sean. No gusta a los adeptos a los principios autoritarios y populistas del Grupo de Puebla. España no puede seguir sus dictados, como sucede con el despropósito del lawfare. Fidel Castro, Lula da Silva, AMLO, Cristina Kirchner, Evo Morales, Boric, Petro o Daniel Ortega no son, precisamente, modelos de dirigentes que debamos seguir.

Es muy acertado que se emprenda una reforma constitucional para que el artículo 49 no incluya la palabra disminuido. La polémica cuestión de la renovación del CGPJ se resolverá con la mediación de la UE. El objetivo es incluir perfiles independientes y cambiar la ley que regula el sistema de elección de sus integrantes. No hay duda de que es mejor contar con la supervisión de la Comisión, que el disparate de buscar, como ha aceptado el PSOE con Puigdemont, un experto en conflictos armados. Es verdad que resulta extraño, pero la actitud de Sánchez, jaleada por la izquierda mediática, no ofrecía otra salida. No se puede alargar más la anómala situación actual y España cuenta con miles de juristas independientes que pueden formar parte de este órgano y uno de ellos presidirlo. La clave es que el PSOE y el PP tengan la voluntad de apoyar tanto la renovación, olvidando cualquier interés espurio, como la elaboración de una ley que resuelva definitivamente este problema.

Francisco Marhuenda es catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).