En un país normal María Jesús Montero estaría ya dimitida o destituida. En una democracia de mediana calidad, y no digamos en una escandinava, es sencillamente impensable que una vicepresidenta o una ministra, ministro o ministre tilde de «vergüenza» que «se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de una mujer joven y valiente». Y si se vuelve tarumba y lo vomita, dura en el Gabinete menos que un billete de 500 euros en el bolsillo de José Luis Ábalos cuando visita un prostíbulo. Y eso que a cualquiera nos llama poderosamente la atención que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tome una decisión diametralmente opuesta a la de la Audiencia Provincial de Barcelona en el caso Dani Alves. Donde este último tribunal vio una agresión sexual, que castigó con una condena de cuatro años y medio de cárcel al jugador, el primero dictamina una absolución. Y no sólo eso: el TSJC adopta la resolución por unanimidad de los cuatro magistrados, entre los cuales hay tres mujeres, dos de ellas encuadradas en eso que se conoce como sector «progresista» de la judicatura. Goebbelsiana semántica inventada por Prisa para dividir a los jueces entre «conservadores», obviamente los malos, y «progresistas», los buenos, por supuesto. Los magistrados a los que la número 2 del Ejecutivo ha puesto en la diana anteponen la presunción de inocencia a la de culpabilidad por el elemental hecho de que aprecian «al menos cuatro contradicciones» en la versión de la denunciante, una muchacha de 23 años que conoció al antiguo lateral del Fútbol Club Barcelona en la discoteca Sutton. El cristo que se montó llevó a Montero a una marcha atrás que, en realidad, fue un acelerón para despedazar definitivamente a Ángels Vivas, Roser Bach, María Jesús Manzano y Manuel Álvarez Rivero. Sus disculpas hablan por sí solas: «La sentencia es un retroceso en los derechos de las mujeres». Si los magistrados en particular y el mundo judicial no querían una taza de populismo calumniador, tuvieron taza y media. Esto no es más que una alarmante muestra más de la deriva autocrática de este Gobierno que, al más puro estilo Hugo Chávez, se pasa la separación de poderes y el ejercicio probatorio consustancial a un Estado de Derecho por el arco del triunfo. Ellos no quieren un fallo imparcial contrapesando pruebas y derechos sino un veredicto ideológico, más propio de esos tribunales populares de las dictaduras comunistas que de una democracia digna de tal nombre. Lo que en el fondo y en la superficie vienen a decirnos María Jesús Montero, y la Irene de idéntico apellido, que calificó el pronunciamiento de «violencia institucional», es que si una mujer denuncia a un hombre hay que condenar al hombre sí o sí. Da igual que los hechos digan lo contrario, que haya dudas razonables sobre la versión de la mujer o que se pueda estimar que la denuncia responde a una vendetta y no a un hecho objetivo y objetivable. Esto es ir mucho más allá de la Ley del Talión porque en este último escenario al menos suele haber hechos contrastados, el matiz reside en que la respuesta al delito la da el agraviado y no un tribunal imparcial. La doctrina Montero supone regresar a la Inquisición, donde se enviaba a la hoguera a personas que ni siquiera eran herejes y a otras por meras intuiciones. Pues para eso que se ahorren los juicios, que se supriman los Tribunales de Violencia sobre la Mujer, como el del TSJC, y que se condene directamente al hombre, mientras todos a una vociferamos: «¡Viva la ley de la selva!».