Renovación y reforma

Hace siete años en esta misma columna escribía: «La ambición desmedida de algunos y la pretendida superioridad moral de otros hacen que nos olvidemos de lo importante, el ciudadano y sus necesidades. Ya está bien de pogromos judiciales... que intentan crear un escenario negro y fatídico de nuestra justicia, ya está bien de tantas infamias y mentiras. La única solución es que lo que realmente nos preocupe sea la justicia de verdad, con mayúsculas, y comencemos a reivindicar el sistema, tratando de mejorarlo pensando solamente en los ciudadanos». Poco ha cambiado desde entonces, sino para peor. Estamos asistiendo a constantes capítulos de descrédito a miembros del poder judicial como nunca se han visto en nuestra democracia, y no solo desde el ámbito del independentismo catalán, en el que algunos líderes se juegan su futuro personal, sino desde ámbitos gubernamentales. Tal es así que desde la Comisión Europea se ha mostrado preocupación por estos ataques e insultos. En medio de esta ceremonia de deslegitimación la cuestión es analizar las verdaderas razones por las que la izquierda española no acepta el modelo de elección de los miembros judiciales del CGPJ más acorde a los estándares europeos de independencia; por qué se aferran a un acuerdo que fue bueno en 2001 pero que hoy en día ya no se puede defender en Europa. La pregunta es el porqué de esta atávica obsesión por mantener un modelo de intervención parlamentaria en la designación de los doce miembros jueces del CGPJ cuando ya casi nadie lo defiende con un mínimo de rigor ni en España ni en Europa. Es inexplicable salvo que entendamos que no quieren desprenderse de esta influencia parlamentaria en las designaciones, como si ello supusiera una renuncia a un poder que nunca se debió tener. Se debe hacer un esfuerzo por distinguir lo que es poder judicial, jueces y magistrados independientes y sometidos a la ley, de lo que es el CGPJ, que no es poder judicial, aunque gobierne el poder judicial. Sé que esto es difícil de entender, pero se debe hacer un esfuerzo en su explicación. Los jueces españoles gozan de una independencia inigualable en Europa, el 97 por ciento le deben su cargo a su esfuerzo intelectual y a su antigüedad, y el resto (presidentes de órganos judiciales y miembros del Tribunal Supremo) a una directa elección del CGPJ, que no les hace ni menos independientes, ni menos profesionales. El problema radica en que la designación parlamentaria de los miembros de origen judicial, por más que se haya hecho una selección previa por los propios jueces y sus asociaciones, determina una suerte de traslación de una imagen de politización de todos los jueces que en absoluto existe, y con esto hay que acabar cuanto antes. Con ello se cumpliría con lo que expresa nuestra Constitución, según la interpretación del Tribunal Constitucional dada cuando realmente valoró este tema, y no mediante un erróneo soslayo como se ha pretendido hacer recientemente, y en definitiva se cumpliría con lo que se aconseja desde la Unión Europea. Como en el día de la marmota estamos enfrascados en un debate político sobre la renovación del CGPJ que solo se supera cumpliendo la actual ley y a la vez con un proceso de reforma de la misma ley en la línea que marcan los estándares europeos. Las palabras mágicas son renovación y reforma. La situación en España ha sido objeto de seguimiento y análisis por parte de organismos europeos, los cuales han hecho recomendaciones para reformar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para alinearlo más estrechamente con los estándares europeos de independencia judicial y no se entiende que no se haga nada al respecto.