Solidaridad ante la tragedia

España se desangra en Valencia, la herida que la odiosa DANA ha causado tardará mucho en cicatrizar. Lo primero es honrar a los fallecidos y expresar la máxima solidaridad con sus familiares y seres queridos, así como con todos los ciudadanos que están sufriendo las terribles consecuencias de las inundaciones. Muchos, por edad, todavía recuerdan las riadas del Vallés, una catástrofe hidrológica ocurrida el 25 de septiembre de 1962 en tierras de Cataluña, donde una avenida torrencial de agua causó entre 600 y 1000 víctimas mortales y miles de heridos. A pesar de lo que pudiera parecer, España ha desarrollado un buen sistema de Protección Civil, con un adecuado marco legislativo y un reparto competencial propio de un estado articulado similar en esta materia a un estado federal; prevención, planificación, respuesta inmediata ante las emergencias, y, por último, recuperación y restablecimiento de la normalidad. Una catástrofe natural como la que hemos sufrido pone a prueba cualquier sistema de protección civil; un estado complejo como el nuestro, así como los estados federales tienen que asegurar la eficaz y adecuada coordinación bajo los principios de planificación, autonomía de organización, complementariedad, subsidiariedad, solidaridad, capacidad de integración y garantía de información. En este sentido recordemos como el huracán Katrina y sus devastadoras consecuencias en Nueva Orleans puso en cuestión la coordinación entre el gobierno local, el estatal y el federal; en EEUU, de acuerdo con lo establecido en el National Response Plan, la respuesta y la planificación en caso de catástrofe es principalmente responsabilidad de los gobiernos locales; cuando estos hayan agotado sus recursos, pueden solicitar una ayuda específica adicional a los estados vecinos y, en último término, al gobierno federal. En nuestro país el sistema es parecido, pero la Ley de Protección Civil obliga al estado a colaborar con las comunidades autónomas y entes locales, facilitando recursos humanos y materiales aunque la emergencia no haya sido declarada de interés nacional; una emergencia de interés nacional se debe declarar según la ley de protección civil cuando las emergencias requieran para la protección de personas y bienes la aplicación de la Ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas, las que exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico, y por último las que por sus dimensiones efectivas o previsibles requieran una dirección de carácter nacional. En definitiva, lo que en última instancia determina el nivel de dirección ante una emergencia de protección civil es la entidad y magnitud de la propia emergencia, y esto exige una inmediata toma de decisión que no puede dilatarse en el tiempo. No es este el momento de enfrascarse en esta cuestión, pero ya hemos sufrido las suficientes catástrofes como para que hubiera un gran consenso al respecto. Ante una tragedia como la que estamos viviendo lo que toca es poner todos los recursos necesarios para dar respuesta a las consecuencias de las inundaciones y comenzar cuanto antes la fase de recuperación y normalización. El grado de solidaridad y sacrificio del pueblo español, y en este caso de los valencianos, está totalmente acreditado con una entrega colectiva impresionante. Los poderes públicos deben absorber este sentimiento e inspirar toda su actuación con el mismo, los profesionales civiles y militares ya lo están haciendo. Ya habrá tiempo de hacer una evaluación sobre todo lo ocurrido, pero es de esperar que sirva para mejorar respuestas en el futuro, y salvar vidas que es lo más importante, y no acrecentar más si cabe el asfixiante ambiente de polarización política que se vive en España, los ciudadanos no se merecen estériles luchas políticas.