¿Hasta dónde podemos llegar los jueces?

Los jueces estamos para juzgar en derecho y ejecutar lo juzgado, no para arreglar problemas sociales o políticos. Esto no significa que nuestras decisiones no influyan en esos ámbitos, incluso puedan condicionarlos; tampoco que ignoremos el ambiente social o político en el que actuamos.

Como nuestro papel es el que es, no se nos puede pedir que asumamos un protagonismo impropio, máxime cuando cabe presumir que hay una madurez social o política capaz de afrontar, encauzar o solucionar los dilemas y problemas que se vayan planteando. Por eso es injusto que esa sociedad –o los responsables políticos– dejen a los jueces la responsabilidad de arreglar unos problemas que han generado o, simplemente, tolerado.

Vayan varios ejemplos. En los casos de delincuencia juvenil, acoso escolar o sexual, maltrato, etc, el juez aparece en la última escena del último acto de un drama iniciado tiempo atrás, un drama incluso favorecido por las leyes y en el que han incidido muchos factores: crisis de autoridad en familias y colegios, debilitamiento de la familia y del matrimonio, sexualidad banalizada o sin referencia moral, un sobredimensionado sentido de los derechos seguido de un capitidisminuido sentido de los deberes y obligaciones, etc. Y cuando eso degenera en conflicto al juez sólo se le puede pedir –y no es poco– que aplique la ley y actúe sobre los efectos, pero no afearle su inacción frente a las causas.

Otro ejemplo viene de la mano de la delincuencia, la más paradigmática es la terrorista. Durante decenios hemos tenido un Código Penal en buena medida pensado para una sociedad, no diré que alegre y confiada, pero sí más relajada, menos amenazada. Sin embargo esa delincuencia golpeaba y cuando el terrorista era detenido y condenado a mil años, todo era satisfacción, pero el tiempo pasa volando y un día se descubre que había un límite legal: por muchos, graves y odiosos que fuesen los delitos, su autor saldría de prisión a los veintipocos años. Gran escándalo. Quien podía cambiar esa situación –el legislador, es decir, los grupos parlamentarios, es decir, los partidos– no querían desgastarse asumiendo una imagen autoritaria, carcelaria. Fueron los tribunales los que hicieron el trabajo impropio, supliendo esa interesada dejadez política con la doctrina Parot, un complemento condenatorio que aplacase la indignación ciudadana. En ese caso, afortunadamente el legislador acabó reaccionando e introdujo la prisión permanente revisable: más vale tarde que nunca. Pero eso no quita para que la doctrina Parot fuese un apaño que llevó a que los jueces asumiesen la carga de tapar un agujero legal que la clase política no quiso arreglar durante años. Y a propósito de esto: aún estoy esperando un mínimo agradecimiento a los jueces.

Todo esto me viene a la cabeza ante el 1 de octubre. Por ahora la iniciativa del Estado frente al secesionismo se centra en medidas judiciales que involucran a jueces, fiscales y al Tribunal Constitucional. Ante tal desafío, la respuesta jurídica del Estado –a través de esas tres instancias– es la que permite el ordenamiento jurídico. Nada menos, pero nada más. O dicho en otras palabras: que no se pierda de vista que no corresponde a los jueces la responsabilidad de preservar la unidad de España, ni solucionar un problema territorial, si es que hay tal problema y no esa mezcla explosiva de ambición entre quienes quieren poder e impunidad y para ello manipulan sentimientos, y una extrema izquierda filoterrorista, hispanófoba y deseosa de reventar el régimen constitucional.

De nuevo, los jueces entramos en la última escena del último acto de un drama, escena precedida de una larguísima historia de cesiones, dejaciones, cobardías, intereses y estulticia política, protagonizada por los partidos nacionales y que desemboca en esto. Vivimos las consecuencias de su actitud ante un nacionalismo siempre egoísta y traidor, actitud en la que, me temo, abundarán con una reforma constitucional federalizante, más haber fomentado –política y mediáticamente– a una izquierda radical con el torpe objetivo de horadar al adversario. Que no se espere ahora que, estirando nuestra función constitucional, arreglemos el fruto de tanto despropósito: actuaremos sobre los brotes que haya de ilegalidad, pero la semilla que ayudaron a plantar hace tiempo que germinó y ahora es ya un árbol frondoso.