La reforma de la Constitución

La Razón
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España es un país de leguleyos. No es que esté lleno de abogados sino que todo celtíbero lleva uno interiorizado. Nunca otro imperio ha conquistado un mundo poniendo por delante a un escribano que, ante la mirada atónita de los aborígenes, les requería para que aceptasen la autoridad de la Reina Doña Juana y en su nombre, la de su hijo el Emperador Carlos. Viene esto a cuento para intentar comprender por qué el español gastó todo un siglo buscando la Constitución perfecta, según Galdós, sin que algunas llegaran a tener vigencia efectiva y otras durasen lo que una bengala en la noche. Es nuestra característica más acusada acatar pero no obedecer las leyes y, aburridos, promulgar otras que tampoco obedeceremos, de tal modo que sólo se cumplen las disposiciones transitorias. Pero un día encontramos esa Constitución soñada, la menos imperfecta de la media docena precedentes y la única que ha conseguido implantar una auténtica democracia, con un desarrollo esplendoroso de las libertades individuales y un autogobierno de sus regiones como pocos hay por el ancho mundo, una estabilidad institucional nunca conseguida durante cuarenta años y una prosperidad sin igual.

Hoy el español se apresta a su deporte favorito, destruir lo que ha salido bien. Parece ser que la solución para nuestros males no es el amor a la patria que recomendaban los doceañistas, el trabajo bien hecho y la recuperación de los valores humanos tan erosionados. No. La solución obvia es la reforma constitucional y el «cambio», palabra mágica vacía de contenido. No pienses lector que rechazo el perfeccionamiento de nuestra Constitución, alguna de cuyas partes, mal resueltas, fueron agravadas por el «bloque de la constitucionalidad», sin que el Tribunal Constitucional pusiera coto al desafuero. Sin embargo, no creo necesaria una revisión total, ahora y en un futuro previsible, ni tampoco de cualquiera otra que afecte al Título Preliminar, al Capítulo 2, Sección 1ª del Título I o al Título II: la forma de Gobierno, una monarquía parlamentaria en un Estado Social de Derecho, los valores y principios y las piezas esenciales del sistema democrático, una amplia carta de derechos y libertades, y la Corona. Dicho sea de paso, todo ha funcionado como un mecanismo bien engrasado gracias a la lealtad constitucional sin fisuras de Juan Carlos I.

Las Constituciones no son disfraces que se puedan desechar cuando uno se aburre. No se debe jugar con ellas frívolamente, en un impulso ocasional, o para destrozarlo todo y pescar en río revuelto. Condensan un proyecto de vida en común y un conjunto de valores. Por ello conviene que adquieran un carácter carismático y simbólico para conseguir trascendencia histórica. La solera que da el tiempo provoca su respeto por todos. Lo constitucional está unido existencialmente a las ideas de duración y solidez. A tal concepción responden las cautelas contenidas en el art. 168 CE para evitar los vuelcos pasionales y el embate de las alianzas contra natura, sólo coincidentes en lo destructivo, creando un procedimiento complejo para reformar la parte «blindada». No es ésa la que preocupa a la mayoría de los ciudadanos, salvo a los populistas, marxistas-leninistas-estalinistas, y por si fuera poco, bolivarianos.

El art. 167 CE en cambio abre una segunda vía para aquellas modificaciones que, siendo parciales, no afecten a ninguno de los aspectos neurálgicos. Consiste en la «enmienda», según el lenguaje norteamericano, o el «amejoramiento» si nos quedamos en Navarra, con un contenido concreto, como las aprobadas hasta ahora, en 1992 (art. 13.2 CE) y en 2011 (art. 135 CE), propuestas ambas por Gobiernos socialistas con el apoyo leal del Partido Popular. Este procedimiento abreviado también necesita del «consenso», una coincidencia en lo esencial de los actores relevantes en el escenario político. Con ocasión de la segunda «enmienda» se dijo ya que había quebrado el que sirvió para elaborar la Constitución. No fue así. Se rompió nada más promulgarla. Hubo auténtico acuerdo entre los partidos de vocación nacional, UCD y PSOE, pero no con las fuerzas centrífugas que aceptaban lo que aceptaron como «cabeza de playa» para ulteriores desembarcos. Lo que pareció quimioterapia curativa de un cáncer no había sido otra cosa que echar gasolina al fuego. Fueron moderados por miedo a las reacciones, pero los de siempre destaparon pronto su añeja deslealtad constitucional, denunciada por Negrín y Azaña, que ya en el destierro se dolía una vez más de «las felonías de los separatistas catalanes y vascos». En nuestros días continúa la huida hacia adelante. El «soberanismo» o el Estado confederal, el Plan Ibarreche, el Pacto del Tinell, el «tripartito», el nuevo Estatuto de Cataluña, el «derecho a decidir» o el «Federalismo asimétrico» no han sido o son sino cargas de profundidad contra la Constitución del consenso.

Insisto: el camino viable para actualizarla no debe ser otro que el de las «enmiendas», no en bloque sino una a una, empezando por las más urgentes, con apoyo de las fuerzas políticas leales a la Constitución, sin «compañeros de viaje» comunistas y separatistas, antitéticos entre sí pero aliados tácticos para la demolición. Será bueno que oigamos las voces de todos y más aconsejable aún que no olvidemos los hechos de algunos. La democracia ha de ser respetuosa y por ello comprensiva pero no ciega ni estúpida o suicida. Su grandeza no estriba en amamantar a quienes desean destruirla. Aquellos que no se sienten españoles y socavan para dinamitar España no parecen los mejores socios para construirla y quienes se han colocado fuera del campo de juego, ahí deben permanecer. Fuera máscaras.

Presidente de la Sección de Derecho Constitucional en la Real Academia

de Jurisprudencia