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«Varicar»

Es posible que, simplemente, hayan huido por miedo, para no verse obligados a «prevaricar» y luego ser juzgados y condenados por ello. Algo que puede ocurrirles a todos los implicados, a quienes rubriquen esta monumental calamidad legislativa

Quienes estudiaron latín, cuando estudiar servía para adquirir conocimientos y un título significaba algo, saben que la palabra «prevaricación» proviene, como es común en español, del latín: de «varicar», que equivale a «desviarse», alejarse del buen camino, retorcerse hacia el ángulo oscuro (de la ley). Los que no estudiaron latín, siempre pueden recurrir a la Wikipedia. (Yo antes escribía variados artículos en Wikipedia, y pasaba largas horas no remuneradas corrigiendo compulsivamente faltas de ortografía de otros artículos que me importaban un bledo…, pero ahora Wikipedia –en español, al menos–, está controlada por furiosos vigilantes bibliotecarios que lo censuran todo con su tamiz ideológico irascible, severo). O sea, el significado de «prevaricar» está al alcance de cualquiera: es un delito que solo cometen las autoridades o funcionarios públicos, en el ejercicio de su cargo, y a sabiendas de lo que hacen (dolo) cuando dictan resoluciones arbitrarias, contrarias a la ley. Al prevaricar ejercen también un indudable abuso de autoridad. El Derecho penal vigila de manera escrupulosa estos delitos, porque si son cometidos con impunidad suponen una corrupción irreparable de la Administración, que perjudica a la propia ley y, sobre todo, a los ciudadanos. Estos días, varios letrados y altos cargos han renunciado a sus puestos en las Cortes para ir a «refugiarse» al Senado. Una larga y escandalosa serie de «autoridades» que ejercen como altísimos funcionarios en la Cámara Baja. Lo han hecho ante la próxima tramitación de la tóxica Ley de Amnistía. Muchos aplauden la actitud de dichos funcionarios porque, dicen, demuestran que no quieren participar de la charada que propiciará muy pronto la más que discutible ley. Otros, sin embargo, acusan a los dimisionarios de dejar «el camino expedito» para que funcionarios «más dóciles con el gobierno» ocupen sus puestos y faciliten así la tramitación de la cuestionada y cuestionable ley de Amnistía. Pero es posible que, simplemente, hayan huido por miedo, para no verse obligados a «prevaricar» y luego ser juzgados y condenados por ello. Algo que puede ocurrirles a todos los implicados, a quienes rubriquen esta monumental calamidad legislativa.