Vivienda, población y justicia, grandes anomalías españolas

Giovanni Cornaro (1647-1722), fue embajador veneciano en la corte española y en 1682 escribía que «España parece el desierto de Libia, por lo despoblada que está». Casi 350 años después, los italianos que viajan por España también se sorprenden de los grandes espacios deshabitados que hay en todo el país. Es lógico, solo el 12,7% del territorio está habitado, el menor porcentaje de toda Europa, frente al 57,% de Italia o el 67,8% de Francia. Es la «anomalía» española, según explicaron los economistas Eduardo Gutiérrez, Enrique Moral-Benito, Daniel Oto-Peralias y Roberto Ramos, en un Documento de Trabajo publicado por el Banco de España en 2020. Cinco años después, las cifras son similares. El informe analiza la sobrepoblación urbana en España, la mayor de Europa, con 733 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 544 de Holanda, los 493 del Reino Unido o los 168 de Francia. La anomalía española: grandes zonas desérticas y ciudades con la población aglomerada.

El Gobierno de Sánchez y la oposición de Núñez Feijóo proponen soluciones –opuestas–para el problema de la vivienda en España. Los socialistas, presionados por sus socios de ultraizaquierda, coquetean con más intervencionismo. Los populares abogan por rebajas fiscales y una cierta liberalización, ambas tímidas. Nadie afronta las causas y busca remedio para el gran desierto español, que empieza en los límites de las ciudades, definidos con tiralíneas. Todo lo contrario de lo que sucede en las ciudades europeas, sin límites precisos. Hay explicación. En España, desde hace decenios, se construye hasta donde el político de turno traza una raya y permite hacerlo, ya sea vivienda pública o privada. Cambiar esa raya suele ser caro porque hay que pagar y convencer a demasiados y claro, encarece la vivienda.

La acción popular, conocida como «acusación popular», es otra anomalía nacional, inexistente en Europa. Tiene ventajas e inconvenientes, pero es otra anomalía nacional. El PP y también la Casa Real, con la Infanta Cristina, la han sufrido de forma directa. Ahora le ha tocado al PSOE, al inquilino de La Moncloa y a su familia. Y Sánchez, para remediarlo y salir del asunto de rositas, quiere hacer lo que nadie se ha atrevido, cambiar las reglas de juego a mitad de partido y , con la ya conocida como «ley Begoña», «prohibir» esas acciones judiciales que le señalan a él y a los suyos. Hay pocas dudas de que sea inconstitucional, pero el presidente lo necesita para, en la mejor tradición autoritaria, aferrarse al poder en el desierto que asombró a Cornaro.