Miriam: una entre seis millones

Cáritas alerta de que la llegada de una nueva crisis colocaría a muchas familias que ahora viven al día en una situación de exclusión.

Comienzan a surgir voces que alertan de una nueva recesión a nivel mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó a España, en abril de este mismo año, a prepararse para una crisis cuyos efectos pueden volver a ser demoledores para una sociedad que todavía lucha por levantar cabeza.

Es cierto que se atisban mejorías respecto a 2013. Según los datos del último informe de la Fundación Foessa, vinculada a Cáritas, las personas que viven en situación de plena inclusión han pasado del 34% al 48%; el porcentaje de los que están en exclusión social se ha reducido del 25% al 18%; y el de los que se encuentran en pobreza severa ha pasado a ser del 9%, mientras que en 2013 era del 11%.

Pero si se observan con atención los datos se desprende una conclusión muy clara: hay una recuperación a dos velocidades. La de los integrados (con una mejora del 42%), frente a la de los excluidos (27% en el caso de la exclusión moderada y 29% en el de la exclusión social severa).

Pero, además, hay que contar con el grupo de personas que se encuentra en la brecha de estas dos realidades. Porque según advirtió ayer Cáritas, hay seis millones de personas que podrían pasar a formar parte del grupo de los desfavorecidos en el caso de que la economía volviera a torcerse. Es el llamado «precariado social». Aquellos ciudadanos que, como Miriam, pueden considerarse de clase media, pero que viven tan al día que podrían caer en la vulnerabilidad si las fatales previsiones del FMI terminan por cumplirse.

Con 27 años y tres hijos, mira con incertidumbre el futuro. Hace seis años que no tiene un trabajo estable –«desde que me quedé embarazada por primera vez», aclara–, y desde entonces los que consigue con de carácter precario y temporal. «Sólo me llaman para cosas esporádicas y, por supuesto, sin contrato. Estoy uno o dos días y después me echan», afirma.

Vive con su marido y sus tres pequeños, de nueve meses, seis y tres años, en un piso en Alcorcón (Madrid). Con la prestación que recibe de la Comunidad de Madrid y los trabajos que encadenan entre ella y su marido «hago encaje de bolillos». «Divido la lista de la compra en cuatro supermercados, la leche en uno, la carne en otro... voy mirando el céntimo. Si surge un imprevisto lo paso fatal. Por supuesto no salimos a tomar nada y lo de irnos de vacaciones es impensable para nosotros». Aún así, Miriam y su familia tienen «para ir tirando». «No me considero pobre, porque puedo hacer frente al alquiler, alimentar y vestir bien a mis hijos y tener al día mis pagos», pero reconoce que cuando escucha en la televisión las alertas de una nueva recesión directamente la apaga. «No quiero ni pensarlo, ahora por lo menos tenemos opción a algo, ya sea en la limpieza o de reponedora en un supermercado, pero si la economía volviera a torcerse no tendríamos ni eso, no sé como nos apañaríamos».

La línea que separa a Miriam y a sus hijos de la exclusión es tan fina que hasta puede cuantificarse: 200 euros es todo lo que les queda en el banco cuando realiza todos los pagos fijos. «Con eso tenemos que subsistir cinco personas en mi casa, menos mal que recibimos ayuda de mi madre y de mi suegra, es nuestro desahogo». «Y también el hecho de que este año tengamos becas para los libros de las niñas, la vuelta al cole sino hubiera sido un suplicio». Porque, aunque septiembre es un mes de agobios económicos para hogares con niños, para Miriam también supone un impulso para mirar con fuerza al mañana: «Quiero que mis hijas estudien, para que puedan tener un trabajo de calidad, no me canso de repetírselo. Yo dejé el instituto a los 16 años y me lo reprocho cada día. Antes no me faltaban oportunidades laborales, pero con la crisis se fue la estabilidad. No quiero eso para ellas».

Miriam es consciente de que ahora tener trabajo no basta para vivir libre de preocupaciones económicas. Añora esos años en los que su marido trabajaba en la empresa de construcción de su mejor amigo: «Vivíamos aliviados, sabíamos cuánto dinero llegaría a fin de mes y, sobre todo, que sería más que suficiente para dormir tranquilos por las noches». Ahora eso es impensable. Cáritas volvió a advertir de que tener un salario ya no significa pertenecer al grupo de los integrados sociales: «La precariedad del mercado laboral, en términos sobre todo de temporalidad y bajos salarios, nos está conduciendo a un escenario en el que disponer de un empleo ya no es sinónimo de integración. La mitad de las familias en las que hay un empleo no disfrutan de una situación de integridad plena». Además de este reto, la sociedad española debe a enfrentarse a otros para acortar la desigualdad: cerrar la brecha de género, que se ha ampliado un 25% en la exclusión desde 2013; integrar social y económicamente a los más jóvenes; insertar laboralmente a los adultos mayores; proteger a las familias más débiles, las numerosas y las monoparentales e integrar mejor a la población extranjera, afectada el 47% por la exclusión social y el 26% por la exclusión severa.

Si España no hace los deberes en estas materias, corremos el riesgo de romper la cohesión social. Según esta organización. «Se están debilitando los vínculos de nuestro modelo social, ya que las diferencias que existen en las condiciones de vida entre diferentes capas y colectivos sociales están tensando los ligamentos que nos mantienen unidos como sociedad».