El Gobierno permitió exportar mascarillas durante un mes pese a la alerta de la OMS

La falta de mascarillas ha sido una constante en todos los hospitales españoles desde el estallido de la pandemia. De hecho, su ausencia y la de otros equipos de protección han provocado que nuestro país sea hasta la fecha el que cuenta con mayor número de sanitarios infectados de todo el mundo, lo que ha llevado a las principales organizaciones médicas y de enfermería a arremeter contra el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, y a anunciar la interposición de demandas contra este departamento por los contagios sufridos por los profesionales del sector en la atención de los enfermos. Pese a la importancia de estos equipos y de las mascarillas, el Gobierno tardó casi un mes en prohibir su exportación desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la primera de sus alertas a todos los países, en la que instaba a que hicieran acopio de material por el avance imparable del coronavirus. En aquella comunicación, del 3 de febrero, el organismo internacional aludía al almacenamiento de material para «garantizar que los trabajadores sanitarios estén protegidos». En un comunicado difundido ayer, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) hizo público que no fue hasta 30 días después, el 2 de marzo, cuando prohibió la venta en el exterior de las mascarillas fabricadas en España. Según el departamento que dirige Salvador Illa, la AEMPS «el 2 de marzo publicó un acuerdo de iniciación de procedimiento para prohibir la exportación de mascarillas y para solicitar la priorización de centros y servicios sanitarios en la comercialización».

«En previsión de las potenciales necesidades que pudieran derivarse del Covid 19, la AEPMS ha estado en contacto continuo desde febrero con fabricantes y comercializadores de productos sanitarios que pudieran verse afectados para conocer el stock real, su capacidad de fabricación y distribución y las materias primas necesarias en caso de que su fabricación se lleve a cabo en España», explicó ayer el Ministerio, reconociendo que “con fecha 2 de marzo de 2020, tras una reunión con representantes de empresas, la AEMPS publicó el acuerdo para iniciar el procedimiento de someter la comercialización de mascarillas sanitarias a condiciones especiales, adoptando las siguiente medidas provisionales: la obligación de destinar, con carácter prioritario, la comercialización de mascarillas sanitarias al abastecimiento de centros y servicios sanitarios, en detrimento del suministro a establecimientos sanitarios (farmacias, ópticas, etc.)”, así como “la prohibición de comercializar mascarillas sanitarias fuera del territorio nacional. Esta medida es competencia de la AEMPS y se lleva a cabo cuando la necesidad de productos sanitarios (o medicamentos) se incrementa y puede que no exista capacidad de producción sobrante para realizar exportaciones”. Sanidad concluye asegurando que “ambas medidas están enfocadas a garantizar el suministro de estos productos a los profesionales sanitarios para que puedan así llevar a cabo su labor en aras de proteger la Salud Pública”.

La orden de prohibir la exportación de mascarillas se produjo seis días antes de que se celebraran las concentraciones feministas del 8-M avaladas por el propio Gobierno y jaleadas por el partido que le sustenta, el PSOE, y sólo cinco días después de que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, dijera que “no es necesario que la población utilice mascarillas. El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán, pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Ninguno”, dijo el portavoz científico del Gobierno el 26 de febrero. Asimismo, el ministro Salvador Illa afirmó 29 de febrero, apenas dos días antes de que su propio Ministerio acordara la prohibición de la exportación que “no hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias”. Un día después de la orden, el día 3 de marzo, Fernando Simón reiteró incluso que “personas con síntomas con riesgo... la mascarilla. El resto de la población, no”.