Coronavirus

Illa desoyó un plan del PSOE que vetaba las multitudes en una pandemia

Dedicado a la gripe, el texto propone todas las medidas que el Gobierno incumplió antes del 8-M

Vista aérea de la manifestación por el Dia Internacional de la Mujer, 8M en la Plaza de Cibeles
Miles de personas acudieron a la manifestación del 8-M jaleadas por el Gobierno, con el aval del ministro Illa FOTO: Luis Diaz La Razón

A pesar de que esperó hasta el pasado 14 de marzo para activar el estado de alarma, el Gobierno de Pedro Sánchez y, más concretamente, el Ministerio de Sanidad, contaban con sobrada información desde mucho tiempo antes no sólo de la letalidad que podía causar el coronavirus entre la población y los sanitarios por los datos que llegaban procedentes de países como China y, ya más cerca, de Italia, sino también de las medidas que podían adoptarse para intentar hacerle frente.

Como ya informó este periódico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) empezó a lanzar sucesivos avisos en el mes de febrero para que los estados empezaran a protegerse e hicieran, por ejemplo, acopio de material, a lo que se sumaron algo después otros organismos europeos.

Ya dentro de España, el Ejecutivo contaba con dos documentos que le proporcionaban las pautas y recomendaciones que tendría que haber seguido ante el posible estallido de una pandemia de coronavirus como la que finalmente se ha producido. Uno de ellos, como informó este periódico, es la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada seis meses antes de que Mariano Rajoy tuviera que desalojar el Gobierno como consecuencia de la aprobación de una moción de censura que aupó al poder a Sánchez con el apoyo de Podemos y los nacionalistas, y el otro es el Plan Nacional de Preparación y Respuesta ante una Pandemia de Gripe que existía en el Ministerio de Sanidad desde 2005, año en el que gobernaba en España el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En aquella fecha la titular de la cartera de Sanidad era Elena Salgado.

Dicho texto fue actualizado después en 2006 y completado por medio de anexos en años posteriores. El documento se elaboró en previsión de que pudiera desatarse una grave crisis de Salud Pública causada por el coronavirus SARS y la gripe aviar, el subtipo de coronavirus CoV-HKU1. Crisis que, al final, no se produjo.

El anexo XIII, el último de todos los que se elaboraron de este documento que consta de un total de 45 páginas, data del mes de septiembre de 2007, justo dos meses después de que el investigador Bernat Soria sustituyera a Salgado al frente del Ministerio, y se centra en las «medidas no farmacológicas para responder a la pandemia de gripe» en las llamadas fases 4,5 y 6.

En la introducción, el anexo XIII recuerda que el plan contempla entre sus acciones estratégicas «el establecimiento de medidas no farmacológicas para limitar la difusión de un nuevo subtipo de virus de la gripe, para el cual la población no tiene inmunidad y toda ella es susceptible». La puesta en marcha de estas medidas, prosigue, «tendrá como finalidad contener la difusión del virus en focos localizados y en último término retrasar todo lo posible la difusión del virus con el fin de ganar tiempo para activar los planes asistenciales previamente establecidos, preparar la distribución de los fármacos antivirales y producir una vacuna efectiva frente al virus pandérmico detectado». Insiste además en que el «objetivo primario» es «reducir el número de personas infectadas», remarcando que «las medidas de distanciamiento social y las medidas de higiene personal sirven para reducir la probabilidad de contagio entre personas enfermas y sanas, y reducir el riesgo individual de infección, respectivamente».

La página 15 de este anexo incluye las fases pandémicas posibles y la sexta se corresponde justo con la situación que atravesaba España este año entre el 1 y 8 de marzo, fecha de la celebración de las concentraciones feministas jaleadas por el Gobierno de Sánchez y avaladas precisamente por el Ministerio de Sanidad. Esta fase sexta pandérmica se caracteriza, según el documento, por una transmisión elevada y sostenida entre la población general, y el nivel 3.b. es el que más se ajusta al estado de nuestro país en aquellas fechas, pues se corresponde con un «brote confirmado (transmisión) de infección por el virus pandémico en España».

Para esta fase o nivel, y para la letalidad de un virus equivalente al que ha provocado esta pandemia, el anexo elaborado en 2007 dice ya todo lo que hay que hacer, poniendo así re relieve, con 13 años de antelación, lo que finalmente no se ha hecho en el estallido de esta pandemia. Recomienda, por ejemplo, adoptar «medidas de distanciamiento en la comunidad», lo que tendría que haber llevado a cabo esos días el Ministerio de Sanidad que hoy dirige Salvador Illa, e impedir actos políticos, misas, partidos de fútbol y otros actos multitudinarios como las concentraciones feministas. Justo lo contrario de lo que finalmente ocurrió.

También recomendaba el cierre de los centros educativos. En las fases menos graves que la mencionada, es decir la Fase 4,5 y 6, niveles 1,2 y 3a) el anexo recomendaba la «restricción de viajes a áreas afectadas», algo que España no hizo en los vuelos procedentes de Italia hasta el pasado 10 de marzo. En las tres semanas anteriores, llegaron a España desde dicho país, golpeado por el coronavirus con antelación, alrededor de 150.000 personas sin ningún tipo de control. El documento también pedía considerar el «distanciamiento en el medio laboral». El plan original de 2005 avisa de que en una fase equivalente a la actual, el número de casos y la demanda asistencial disminuirá, pero «el sistema deberá estar preparado para la llegada de una nueva onda de magnitud similar o mayor a la anterior». Dicho plan consideraba como elementos clave para la respuesta la creación de un comité ejecutivo nacional presidido por la ministra de Sanidad en el que estuvieran como vocales la mayor parte de los altos cargos que entonces formaban parte del Ministerio de Sanidad y representantes de otros ministerios implicados en la posible contención del virus. La propuesta que planteaba el documento era la de dar respuesta desde la Administración a la crisis de Salud Pública, encomendando a Sanidad esta tarea de liderazgo y de coordinación autonómica.