2024: la sanidad va peor que nunca

2024 no va a pasar a la historia de las grandes gestas sanitarias, sino todo lo contrario. Si 2023 fue el año de los tres ministros –Carolina Darias, José Manuel Miñones y Mónica García, se dice pronto–, el que ahora concluye será recordado como el del descenso definitivo a los infiernos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Nunca antes había estado tan deteriorado de forma tan prolongada como hasta ahora el sistema sanitario público, con cifras récord de pacientes en espera de poder acceder a la consulta del especialista o someterse a una intervención quirúrgica en casi todo el país.

También baten récords los tiempos medios de espera en algunas especialidades médicas o los plazos a los que se incorporan a España las innovaciones terapéuticas más recientes. De media, los enfermos deben aguardar más de 600 días en recibir los nuevos medicamentos contra enfermedades muchas veces graves desde que las autoriza la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés), pero en algunas terapias la demora se dilata por encima de los 1.000 días, sin contar con las cortapisas que ponen luego algunas autonomías en sus territorios y las trabas que también imponen después los propios hospitales, temerosos de que el gasto farmacéutico descuadre sus desfasados presupuestos.

Además de por esta crisis sin precedentes ocasionada por la insuficiencia financiera prolongada –el porcentaje del PIB destinado a Sanidad no supera el 7%, según los planes de estabilidad enviados por el Gobierno a la Comisión Europea–, y por la inexplicable falta de reformas que perpetúa un anacrónico régimen funcionarial en el funcionamiento de los centros sanitarios, el año que ahora concluye también deja a un gigante al borde de la muerte: el llamado Modelo Muface, lo que constituye otra grave amenaza para un sistema público en serio riesgo de colapsar.

«Mónica García usa el Ministerio para hostigar a Ayuso»

Es probable que el régimen sui generis de atención sanitaria a los funcionarios de la Administración del Estado, la Justicia y las Fuerzas Armadas se prolongue unos meses más, pero en su formato actual tiene los días contados porque ni el Gobierno tiene recursos ni parece que voluntad suficientes para insuflarle los fondos que necesita para subsistir, ni las aseguradoras que operan dentro de este histórico sistema parecen dispuestas a seguir trabajando más tiempo a pérdidas para prestar el servicio a los empleados públicos. El resultado de esta muerte lenta del modelo por la que siempre ha apostado el sector más radical de la izquierda es el serio riesgo de un trasvase sin precedentes de pacientes ahora atendidos en la sanidad privada hacia la pública, un golpe difícil de asumir.

2024 pasará también a la historia por la instrumentalización del uso del poder sanitario con fines políticos desde un Ministerio que debería erigirse como máxima autoridad sanitaria del conjunto del Estado y no como agente de agitación y propaganda contra los feudos del PP y, más particularmente, contra Madrid. La imagen de la ministra Mónica García detrás de una pancarta contra Isabel Díaz Ayuso refleja el nivel al que ha descendido su departamento con ella al cargo y siembra las dudas sobre si la apuesta por la muerte de Muface que ha hecho Sanidad no esconde en realidad más que un burdo intento de sobrecargar de pacientes de elevada edad y, por ello, hiperfrecuentadores de servicios, a la sanidad madrileña, con el único y exclusivo fin de obtener rédito electoral en un feudo que siempre le ha sido esquivo a la izquierda.

En este contexto de descoordinación sanitaria no vendría mal tampoco una vuelta de tuerca al Consejo Interterritorial, el órgano llamado a coordinar la sanidad en el conjunto del Estado, para que deje de ser un mero órgano de confrontación política. La medicina personalizada y la revolución terapéutica en ciernes imponen cambios de calado en el sistema que en este año que acaba no se han producido.