La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha echado esta semana más madera al fuego en el que arde el modelo Muface desde que el Gobierno decidió infrafinanciarlo para tener luego querectificar. El esperado informe evaluador de este sistema sui generis de asistencia sanitaria a los funcionarios ha desatado interpretaciones para todos los gustos, que oscilan entre el rechazo de la Sanidad privada y la euforia desatada en la izquierda más radical, encarnada en los actuales ocupantes del Ministerio de Sanidad. Como sucede con todos los extremos, posiblemente ninguno esté en lo cierto.

El análisis del organismo presidido por Cristina Herrerono aboga por la muerte rápida del modelo, que es lo que han postulado siempre la ministra García, sus lugartenientes y las cúpulas de Más Madrid, Sumar y Podemos. Desde este punto de vista, la Airef echa un jarro de agua fría sobre todos ellos. Al no apostar por el cierre sin demoras del modelo, concede también en cierta forma un balón de oxígeno al sector privado, al otorgarle margen de maniobra para poder defender su presencia en el mismo y su permanencia. Parece difícil que después de plegarse a las reivindicaciones de las aseguradoras, Óscar López opte por torpedear Muface, y menos pugnando como hace ahora por derrocar a Isabel Díaz Ayuso en Madrid. La oposición de los funcionarios al candidato socialista supondría su muerte política definitiva.

La Airef lanza también un interesante aviso a navegantes: si se opta por el desmantelamiento escalonado, convendría reforzar convenientemente la sanidad pública para dar respuesta a los mutualistas trasvasados, a la vista de los problemas que ya muestra esta para reducir las listas de espera. Mayores, desde luego, que lo que ha dicho García.