España tarda de media 661 días en financiar los medicamentos innovadores desde que los autoriza la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés). Estos casi dos años de espera no son una estimación, ni una cifra manipulada con el ánimo de exagerar las vergüenzas de nuestra sanidad pública o del organismo que debería velar precisamente para que tal retraso no se produjera: el Ministerio de Sanidad. El dato procede del informe WAIT, elaborado por la Agencia Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia), un texto cuyo contenido nadie hasta ahora ha desmentido.

Viene a colación por el escándalo destapado por LA RAZÓN con respecto al anticuerpo monoclonal blinatumomab, un fármaco esencial para tratar a determinados pacientes con leucemia linfoblástica aguda, el tipo de cáncer infantil más frecuente. Resulta que la Comisión de Precios de los Medicamentos, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha vuelto a denegar su financiación, pese a estar autorizado desde 2015, para desesperación de los hematólogos y, por supuesto, de los pacientes y las asociaciones que les representan.

Tal rechazo responde a «criterios de racionalización del gasto público e impacto presupuestario del Sistema Nacional de Salud (SNS)», lo que equivale a decir que se hace para no incurrir en más gasto. ¿Puede adquirirse como medicamento extranjero, como alega la ministra Mónica García? Depende. Hay hospitales que lo permiten y otros que no, y si el enfermo corre la suerte de ser atendido en alguno de los del primer grupo, la burocracia dilatará aún más la espera. El hecho es que lo financia casi toda Europa salvo Malta, Chipre, Croacia, Islandia y Letonia. Desgraciadamente, España se encuentra en este grupo, lo que no habla bien de nuestra sanidad.