La Asociación Española de Pediatría (AEP) ha manifestado su preocupación por el anteproyecto de modificación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Según la organización, el nuevo texto ignora las particularidades de la profesión médica y puede tener consecuencias negativas para la práctica de la Pediatría en España.

Uno de los principales puntos de desacuerdo es la falta de reconocimiento de las especificidades de la labor de estos/as médicos/as. La AEP manifiesta «preocupación» ante esta situación y señala que la formación y responsabilidad inherentes a la Pediatría requieren «un marco laboral acorde», como ocurre en otras profesiones de alta exigencia. El borrador de Sanidad ignora estos elementos y «debilita la carrera profesional y pone en riesgo la calidad de la atención sanitaria».

Otro aspecto que genera inquietud entre los pediatras es la estabilidad laboral. La AEP manifiesta su «desacuerdo» con las propuestas relativas a la temporalidad y considera que la limitación de los nombramientos interinos a tres años sin garantías de consolidación del empleo podría «provocar la salida de profesionales formados y experimentados del sistema público».

Esto «puede aumentar la sobrecarga de los médicos en activo, dificultando su conciliación» laboral y familiar. Como se consecuencia, se agravaría el problema de falta de pediatras, especialmente en Atención Primaria, «donde, por ejemplo, el déficit de especialistas compromete la atención infantil en muchos territorios», afirman.

El nuevo Estatuto tampoco aborda la necesidad de mejorar las condiciones de las guardias médicas, esenciales para la continuidad asistencial en Pediatría. «La sobrecarga laboral derivada de la escasez de personal y la falta de reconocimiento de las horas de guardia en el cómputo de jornada y jubilación» son, según la AEP, factores que afectan tanto al bienestar de los profesionales como a la calidad de la asistencia a los niños y adolescentes.

Además, la AEP rechaza la imposición de trabajar exclusivamente en el sector público durante cinco años tras finalizar el MIR. Consideran que esta medida limita la libertad profesional y puede generar una fuga de talento hacia otros países o hacia el sector privado.

Ante esta situación, los pediatras instan al Ministerio de Sanidad a abrir un espacio de diálogo con los profesionales sanitarios para encontrar soluciones que garanticen tanto la calidad asistencial como unas condiciones laborales adecuadas. «Es fundamental contar con un Estatuto que contemple las realidades de la práctica médica y no imponga medidas que perjudiquen a los profesionales y, en consecuencia, a los pacientes», concluyen desde la asociación.

La AEP representa a cerca de 13.000 pediatras en España y trabaja para mejorar la atención sanitaria infantil, así como para fomentar la investigación y la formación en la especialidad. Desde la organización reiteran su compromiso con la defensa de la Pediatría y la mejora continua del sistema sanitario.