Puigdemont al rescate de la sanidad privada

El Gobierno tenía previsto un nuevo hachazo a la sanidad privada, tras anunciar sus portavoces la amenaza de eliminar la exención del impuesto a los seguros sanitarios, como una de las medidas demandadas por los socios izquierdistas del Ejecutivo «frankenstein». Todo lo que lleve la etiqueta de «privado» es malo para Bildu, ERC, BNG, Podemos y Sumar, de manera que no tuvieron mejor idea que proponer que se penalice a los usuarios de la sanidad no pública a través de las compañías de seguros. Sin entender, por otra parte, que se trata de una medida «bumerang», pues redundaría de manera explosiva en un mayor uso de los centros de salud y hospitales estatales, masificados hoy al extremo, como lo demuestran las interminables listas de espera que existen en la mayor parte de las autonomías.

Todo apunta a que la señora María Jesús Montero compró la propuesta de inmediato, siendo los socios de la derecha nacionalista los que han puesto freno a la medida. El independentista Puigdemont ha dado orden a Mirian Nogueras de frenar la pretensión de incrementar vía impuestos los precios de los seguros médicos. Por una vez nos vamos a ver obligados a aplaudir al desertor traidor. Salvo que se les ocurra alguna especie de exención vasco-catalana, de manera que sólo en Cataluña y el País Vasco se beneficien, gravando los seguros en el resto de España, especialmente en Madrid. Sería claramente inconstitucional, pero como aquí cabe ya cualquier cosa, a nadie le extrañaría semejante tropelía.

Considerar «ricos» a los ciudadanos que pagan con gran esfuerzo una mutua privada es un despropósito que ofende a los 12 millones de personas que contribuyen vía cotizaciones al sostenimiento de la sanidad pública, y que además la liberan gracias a que pagan y usan el servicio hospitalario privado a través de las mutuas de seguros.