El negocio de la muerte: «Hemos subido la producción un 200%»

La planta de producción del grupo de fabricación y distribución de féretros Chao, situada en Verín (Orense) funciona estos días a pleno rendimiento. «Si antes hacíamos unos 50 ataúdes al día, ahora estaríamos sacando 150. El ritmo al que estamos trabajando es exagerado y no dejamos de ver cómo aumentan los pedidos». María Chao es cofundadora de esta empresa que lleva más de 40 años en este sector, que es de los pocos que estos días de confinamiento y ERTEs está viendo incrementado su volumen de trabajo.

Confiesa que nunca se había encontrado en una situación parecida porque la cifra de defunciones en España desde que existen registros en el Instituto Nacional de Estadística (INE) apenas varía. «La cifra de mortalidad en nuestro país suele ser un dato bastante estático, en torno al 1% de la población y la esperanza de vida es de 84 años». Tomando como base este cálculo, la empresaria no cree que las cifras oficiales de contagios por coronavirus reflejen la realidad «porque estaríamos hablando de una enfermedad con una letalidad del 12%».

En cualquier caso, la avalancha de pedidos de féretros para los fallecidos por el COVID-19 ha roto estadísticas y les ha obligado a incrementar su plantilla en una veintena de empleados: «De siete u ocho que eran ahora tenemos a 28 trabajadores». Eso solo en la fábrica pero, además de la planta gallega, cuentan con dos centros de distribución en Valdemoro (Madrid) y Granda Siero (Asturias), donde distribuyen sus ataúdes y los de otros fabricantes. Por eso también han tenido que reforzar la logística con más transportistas de los habituales para poder dar servicio a todas las funerarias a las que abastecen.

En la distribuidora de productos funerarios Vendimar, con sede en Las Rozas (Madrid), también reconocen haber aumentado la demanda de féretros en un 30% y hasta en un 300 o 400% todo lo referente a sudarios y material de prevención (guantes, batas, mascarillas). Este sector, al igual que el resto de industrias consideradas esenciales, ha visto incrementado su producción desde que la crisis del coronavirus asoló España. Pero el problema de este elevado ritmo de producción, calculan, puede llegar en dos o tres meses, cuando comience a escasear el producto de la industria auxiliar (fábricas de barnices y otros productos que se aplican durante el tapizado o embalaje de los féretros), ya que permanecen cerradas desde el último decreto del Gobierno, cuando se restringió aún más el tipo de trabajo considerado «esencial».

«Para entonces no pensamos estar en el escenario actual y ya habrá bajado la demanda pero son empresas con las que trabajamos y que han tenido que cerrar. De no haber estado bien aprovisionados ahora tendríamos problemas para adquirir ciertos productos. La fuerza sindical tiene muchísimo impacto», considera Chao, que solicita al Gobierno que especifique bien en el BOE qué considera «esencial».

Cualquier web de estas empresas oferta un amplio catálogo de féretros: redonda, semi redonda, egipcia, cuadrada; de madera de chopo, de Paulownia, con sello ecológico... Como todo, esto también va por modas y los expertos aseguran que ahora se está pasando mucho del acabado en brillo a lo sencillo y «eco», que también ha llegado a este negocio. «¿Tú crees que alguien que acaba de perder a un familiar, y más en estas circunstancias, se va a parar en todos estos detalles? Las grandes empresas abusan de lo que nosotros llamamos el “síndrome funerario”: en esos momentos el familiar quiere terminar el papeleo cuanto antes y firma lo que sea sin estar demasiado atento a detectar una posible estafa. Si con el tiempo le parece un precio abusivo, no es habitual que denuncien por tratarse el tema que es y suelen dejarlo pasar».

Lo explica Aurelio Sánchez, fundador de Esfune, una asociación de pequeñas empresas funerarias que llevan años gritando en el desierto sobre los abusos de los gigantes del sector. Las quejas con respecto a estas grandes empresas se están multiplicando actualmente, ante la oleada de entierros que está dejando la pandemia del coronavirus en España. «No es que ahora haya más abusos, es que al haber más entierros, se nota más», apunta Sánchez.

Sí es cierto, reconoce Sánchez, que al tratarse de esta enfermedad y con las restricciones que ha hecho el Gobierno con respecto a los sepelios (nada de velatorios ni homilías), pueden pasar menos desapercibidos ciertos conceptos que las funerarias incluyen en sus facturas. Es el caso de un joven catalán, Oriol Barri, que denunció en una red social que le habían cobrado un ataúd especial «envasado al vacío» y un velatorio que no había podido celebrar por el deceso de su padre.

«Les están colando todo tipo de conceptos en el desglose de la factura para inflar el precio final, como eso de que es necesario un ataúd especial por ser un fallecido por coronavirus. Eso es mentira y es una vergüenza». El Ministerio de Sanidad elaboró el pasado 20 de marzo un documento técnico donde explicaba el procedimiento para el manejo de cadáveres de casos de COVID-19.

En el punto 5, cuando habla del féretro y destino final, explica que «la bolsa sanitaria estanca conteniendo el cadáver puede introducirse en un féretro normal, sin que sean precisas precauciones especiales. El destino final puede ser entierro o incineración, en las condiciones habituales. Las cenizas pueden ser objeto de manipulación sin que supongan ningún riesgo».

Sin embargo, la mayoría de la gente desconoce esta información y, según explican desde Esfune, eso es una exigencia que debe hacerse al Gobierno y no a las funerarias. «Esto no es algo que ocurra ahora. Lleva pasando desde que se liberalizó el sector en 1996. La gente debe saber que cuando muere un familiar puede elegir la funeraria que quiera y debe haber una lista de precios clara, sin opacidades».

«Están cobrando conceptos falsos»

La asociación sostiene que una familia tiene contacto con una funeraria cada 12 años de media. «No están acostumbrados y no conocen sus derechos». Estos días, aseguran, están recibiendo muchas quejas de familiares que les han cobrado «servicios de acondicionamiento del difunto», cuando ahora, por el COVID-19, en muchos casos no pueden ni tocarlos ya que ha sido la UME quien se está haciendo cargo de la recogida de muchos cadáveres y no la empresa funeraria.

«Meten conceptos falsos: hablamos de trileros», zanja Sánchez, que denuncia que les han hackeado tres veces la web de la asociación y explica que detrás de estas empresas funerarias hay grandes aseguradoras con importantes intereses económicos y «tanto poder que desde los Gobiernos han mirado siempre para otro lado. Les dejan barra libre». «Como no suele haber muchas denuncias, tampoco hay muchos abogado especializados ni con conocimientos de sanidad mortuoria».

Pero además de la información oficial al ciudadano, desde Esfune también exigen terminar con los contratos de exclusividad de las grandes funerarias con hospitales y geriátricos. «Es ilegal porque implica una comisión desde 300 a 1.500 euros por fallecido. Al año pueden ser 130.000 euros. Yo he visto facturas a particulares con un sobrecoste de 5.000 euros. Esa exclusividad va contra la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia».

Por todo ello han presentado una queja ante el Ministerio de Sanidad para que al menos, mientras sigamos a este ritmo de fallecidos diarios, se informe a la gente para cuando tengan que tratar con la funeraria.