La deuda de las autonomías con los fabricantes de tecnología sanitaria se dispara hasta los 1.166 millones

Cuatro servicios de salud abonan ya sus facturas con más de cien días de retraso

La tecnología sanitaria abarca desde resonancias magnéticas hasta respiradores y bienes fungibles claves para hospitales y centros de salud

HM HOSPITALES
24/09/2020
La tecnología sanitaria abarca desde resonancias magnéticas hasta respiradores y bienes fungibles claves para hospitales y centros de salud HM HOSPITALES 24/09/2020 HM HOSPITALES

La deuda que las administraciones mantienen con el sector de la tecnología sanitaria constituye una de las mejores varas de medir el impacto de una crisis. En la de 2008, la demora en el pago y las cantidades adeudadas se dispararon, poniendo en jaque a las empresas del sector. A medida que se produjo la recuperación económica, ambos parámetros bajaron notablemente. Ahora, el estallido de la pandemia de Covid y el desplome de la recaudación impositiva por el frenazo de la actividad vuelve a poner las cifras en situación de alerta roja. Según informa la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), dicha deuda se sitúa ya en 1.166 millones de euros y el periodo medio de pago durante el tercer trimestre de este año se sitúa en 92 días, cinco días más que en el semestre anterior. En total, las facturas pendientes de cobro han aumentado un 26,6% con respecto al primer semestre de este año. El Observatorio de Deuda de la Federación ha detectado que el 88% de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2020, mientras que el 12% restante son de 2019 y de ejercicios anteriores. En el terreno autonómico, Valencia y Madrid se sitúan, por este orden, a la cabeza en el retraso en los pagos y el volumen de dinero adeudado. Valencia, por ejemplo, paga a 162 días y debe 219 millones de euros. Por su parte, Madrid abona las facturas a los 126 días y adeuda 202 millones de euros. Por detrás de ellas se sitúan Cataluña y Baleares. Al igual que ellas, pagan con más de 100 días de retraso -113 y 107, respectivamente-, y la comunidad de Quim Torra debe 122 millones de euros.