Más de un millón de personas podrían estar pendientes de operarse

El estallido de la pandemia el pasado mes de marzo provocó que la mayor parte de los hospitales suspendiera la actividad programada no urgente en numerosas enfermedades para centrarse en la atención de los enfermos Covid-19. Esto hizo que se aplazaran miles de consultas médicas e intervenciones quirúrgicas no urgentes, con un impacto sobre los pacientes muy difícil de cuantificar. ¿Cuántos fueron los afectados? Aunque no existen cifras oficiales al respecto, ya empieza a haber algunas aproximaciones ofrecidas por expertos de la salud. En el marco de la Iniciativa Proyecto Venturi, el miembro del Comité Científico de la Fundación Economía y Salud, Antonio Burgueño Jerez, ofrece ya algunos datos al respecto. En concreto, un estudio impulsado por él llega a la conclusión de que más de un millón de personas podrían estar pendientes de una intervención quirúrgica en España.

El avance de este análisis parte de la base de que los datos del Ministerio de Sanidad cuantifican el impacto de la pandemia en una reducción de 459.429 entradas de pacientes para ser intervenidos en comparación con diciembre de 2019. “Este dato puede ser interpretado como orientativo de la cuantía de pacientes que están ocultos, por no haber sido aún diagnosticados”, lo que podría calificarse como “demanda oculta”. “Además, se ha registrado una reducción de cerca de 400.000 intervenciones quirúrgicas”. Según señala el informe del proyecto Venturi, “el hecho de que se haya reducido en 13.504 pacientes el número en lista de espera quirúrgica, a nivel nacional y para todas las especialidades, no es relevante por la anómala situación fruto del impacto de la pandemia.

Si sumamos en el radar de la sanidad con los ocultos, la estimada es de 1.150.000 personas”, afirma en un comunicado Burgueño Jerez, que es a su vez director de la iniciativa Proyecto Venturi. Según sus datos, un tercio de los pacientes que están en lista de espera quirúrgica (233.730) llevan más de seis meses, lo que les coloca en situación de reclamar la aplicación de la Ley de Garantía Asistencial”.