Los expertos a los que el Gobierno no ha querido escuchar

La recién aprobada Ley de Eutanasia ha conseguido muchas cosas en tiempo récord. Ha sido aprobada con el respaldo de 202 votos frente a 141 y 2 abstenciones. Sin sorpresas ni novedades en los argumentos de defensa y ataque de unos y otros grupos parlamentarios después de tantas sesiones acumuladas alrededor de esta legislación. Otra cosa que ha conseguido, desde que se hiciera pública como borrador es el rechazo de todas las organizaciones médicas (nacionales e internacionales), de los organismos de Bioética y Deontología, de partidos políticos (PP y VOX), de las sociedades científicas de cuidados paliativos y de 140 organizaciones que han unido sus fuerzas creando la plataforma Asamblea por la vida.

Y es que, obligar a los facultativos a romper un juramento cuya esencia ha sobrevivido desde el 400 A. d. C., tiene sus consecuencias. El juramento hipocrático es un compromiso que todo licenciado en Medicina tiene que aceptar para poder ejercer su profesión. En él, el futuro médico se compromete, entre otras cosas, a velar con el máximo respeto por la vida humana. Contra toda crítica de anacronismo, la declaración de intenciones enunciada por el sabio Hipócrates de Cos en el siglo de Pericles, alude a principios tan esenciales que, aunque el paso de los siglos haya hecho cambios en su forma, su esencia se mantiene intacta.

¿Puede una profesión con tantos siglos de compromiso con el paciente aceptar una ley (de obligado cumplimiento) en la que serán ellos los verdugos de las personas que han jurado curar, cuidar y no dañar? “La eutanasia es inadmisible, tanto para la profesión médica como para el resto de profesionales sanitarios (Enfermería y Farmacia). No está en nuestra esencia y compromiso ayudar o asistir a una persona en su intención de morir, romperá para siempre el vínculo de confianza en el que se sustenta la relación médico- paciente”. Así se expresa Manuel Martínez Selles, cardiólogo, catedrático universitario, presidente del Colegio de Médicos de Madrid y una de las personas que más sabe en España sobre eutanasia y cuidados paliativos, y al que nadie ha preguntado su opinión.

“La situación es tan grotesca que los médicos que no queramos traicionar nuestro código deontológico vamos a tener que ir a objetar, uno tras otro, porque estamos obligados por ley a hacerlo cuando nos lo pidan. Van a tener que inventarse una nueva profesión de ‘médicos ejecutores’, porque no van a encontrar suficientes que quieran pasar por esto, que es lo mismo que pasa en algunos estados de EE UU, donde no encuentran facultativos que quieran aplicar la pena de muerte”, añade.

Ni “de derechas” ni “de izquierdas”

Y es que no es una cuestión de derechas o de izquierdas, la vida y la muerte no caben en un “envoltorio” tan pequeño. “Hay gente supuestamente ‘progre’ que piensa que apoyar la eutanasia es ser moderno, pero es todo lo contrario. La eutanasia es un retroceso en nuestra civilización. Víctimas de la eutanasia van a ser, sobre todo, las personas más frágiles y vulnerables, a los que esta Ley ni siquiera incluye un ofrecimiento de cuidados paliativos”, explica Julio Sánchez Fierro, abogado y doctor en Ciencias de la Salud.

Se pregunta también por qué se ha optado por una Proposición de Ley y no por un Proyecto de Ley. La respuesta es evidente. Se ha preferido tramitar así para eludir los Informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y las propuestas y opiniones de colectivos sociales y profesionales. Informes que habrían sido indispensables en caso de tramitarse como Proyecto de Ley. Esa vía de opacidad se ha repetido luego en el Congreso de los Diputados, vetando las comparecencias de los expertos en la Comisión de Justicia antes de que está debatiera la proposición POSE-Unidas Podemos.

De otra parte, incluir la eutanasia como una prestación del sistema sanitario es algo con lo que solo ha mostrado conformidad el 3% de la población mundial. “Los países de nuestro entorno en los que está regulada como tal (Países Bajos y Suiza) son sociedades muy utilitarias, no tienen nada que ver con la nuestra. De hecho, si se analiza cómo les ha ido desde que la aprobaron, hay muchas aspectos en los que reconocen estar arrepentidos”. Quien aporta este razonamiento es Federico de Montalvo, presidente del Comité Nacional de Bioética, un organismo independiente y plural al que el Gobierno tampoco ha pedido opinión en ningún momento. “Reconocer un derecho a morir es una contracción en sí mismo. Por dos motivos, el primero, que la dignidad se limita a un concepto de cronicidad-terminalidad, no se le reconoce a cualquier persona. El segundo, que lo que pide la persona no es morir, es dejar de sufrir, un derecho que ya está regulado en nuestra legislación y que es el de la integridad física. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque lo que cobra sentido aquí son las alternativas. La mayoría de las personas que piden la eutanasia son enfermos crónicos, con patologías neurodegenerativas como la Esclerosis Lateral Amiotrófica. En estos casos, los cuidados paliativos son una media verdad, ya que no es la terminalidad la que les afecta, sino la imposibilidad de vivir con un dolor insoportable. Por ello, la alternativa que proponemos es la sedación paliativa en sufrimiento existencial extremo, que es la mejor praxis que un buen profesional puede aplicar. La Orden de San Juan de Dios es un referente en este tipo de atención, y tiene un protocolo que puede servir de guía para desarrollar estrategias en este sentido”.

María Castellano, referente nacional e internacional en el ámbito de la Medicina Legal y Forense, plantea, “¿Por qué ahora y por qué así? Lo más indignante de esta ley es la manera clandestina y despótica en la que ha sido aprobada, sin contar con la opinión de ninguna de las personas y organizaciones que hemos luchado siempre por velar por los derechos del paciente al final de su vida”.