La «bala de plata»: la carta que jugó la ex de Carlos para llevarse a su hija

Se conoce como «bala de plata»: la denuncia falsa de agresiones o abusos sexuales a hijos menores durante un proceso de divorcio para que el progenitor no pueda cumplir el régimen de visitas asignado. Es más común de lo que creemos en los juzgados aunque en la mayoría de los casos quedan en sobreseimiento provisional al no poder probar los hechos. Eso sí, la sombra de pederastia queda de por vida sobre el acusado. Es lo que le pasó a Carlos Salgado, un argentino afincado en España desde el año 90 y, aunque él sí consiguió que la Audiencia Provincial de Gerona dictara el sobreseimiento libre, el colegio donde trabajaba como profesor de ajedrez le apartó de su puesto de trabajo mientras se resolvía el proceso judicial. Pero esta acusación de su ex mujer no ha sido el peor episodio que Carlos ha vivido con ella: en 2016 secuestró a su hija, se la llevó a Kirguistán (país originario de la madre) y, a pesar de tener una orden internacional de detención, no ha vuelto a saber nada de ellas. Eso, a pesar de que durante el proceso de divorcio Carlos advirtió hasta en tres ocasiones al juzgado de que la madre se iba a llevar a su hija y solicitó medidas cautelares de retirada de pasaporte. El juzgado no estimó adoptarlas y finalmente ocurrió lo que Carlos temía.

La historia comienza en 2004, cuando él viaja de vacaciones a San Petesburgo y allí conoce a Elmira Kruglova. Comienzan una relación a distancia y finalmente ella viene a vivir a España en 2007. Deciden casarse y en 2008 nace su hija: Carolina. La pareja vive en ese momento en Alicante pero estalla la crisis económica y Carlos decide regresar a Cataluña, donde ya había vivido con anterioridad y tenía más oportunidades laborales. Es profesor de ajedrez y da clases en academias y como extraescolares en colegios. Entre ellos, en el Quatre Vents de Blanes, donde se instala la pareja y donde está escolarizada la niña.

Pero las cosas comienzan a ir mal entre ellos y deciden separarse en octubre de 2013. El Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Blanes asigna la custodia a la madre y acuerda un régimen de visitas para el padre: todos los miércoles y jueves y, de forma alterna, los viernes y fines de semana.

Ella, según el progenitor, comienza a pedirle verbalmente y con mucha frecuencia modificar los días de tal forma que, en lugar de lo fijado por el juez, Carlos acaba viendo a la niña «un par de días a la semana y con suerte».

Aunque si tenemos que establecer una fecha de partida en esta «guerra», ésa sería el 20 de enero de 2016. La hermana de Carlos ha venido de visita y la ya ex pareja discute porque no quiere que la niña pase el fin de semana con Carlos y su hermana. Tanto es así que se produce una desagradable escena a la salida del colegio donde ella, literalmente, arranca de los brazos de la profesora a la menor para impedir que la entregue al padre. En el episodio intervienen los Mossos d’Esquadra y aconsejan a Carlos que denuncie la situación porque, al tratarse de un tema civil, no pueden hacer nada. Así, además del incumplimiento del régimen de visitas, envía un burofax alertando, por primera vez, sus sospechas de que la madre podía llevarse a la niña a Rusia, por lo que solicita la retirada de su pasaporte como medida cautelar. Es finales de enero de 2016 cuando él ya hace esa primera advertencia. «Ya sabía que lo iba a hacer. Me decía: “Te va a salir tan mal el divorcio que vas a tener que volver a Argentina”. Ella quería hacerme daño».

El contraataque judicial de Elmira fue la famosa «bala de plata». El 26 de enero de 2016 ella interpone una denuncia por abuso sexual a su hija, a pesar de que Carlos ya llevaba muchos días sin verla. No aportó ningún parte de lesiones y la instrucción del procedimiento se basó en la toma de declaración de la madre y la exploración de la menor por parte de una psicóloga forense infantil, que lo más que pudo acreditar era que la niña se sentía presionada con el tema de las clases de ajedrez que el padre le impartía. Así, a los dos meses la denuncia fue sobreseída provisionalmente pero a Carlos ya le había costado el puesto de trabajo: la directora del centro le comunicó que dejaban de contar con sus servicios como profesor ante la sospecha de abuso sexual. «Era mentira pero dio igual y es la misma directora a la que solicité que certificara todas las ausencias de la niña y me dijo que solo lo haría si un juez se lo pedía». Porque se convirtió en una costumbre que los días en los que le tocaba a Carlos recoger a la niña del colegio, ese día faltaba a clase. «A mí no me valía el sobreseimiento provisional porque eso era mentira y logré que la Audiencia Provincial de Girona dictara el definitivo», explica a este diario. Pero el peor daño, a su juicio, aún no estaba hecho.

Tras cuatro meses sin ver a la niña, Carlos decide, en mayo de 2016, poner una demanda de modificación de medidas y solicita al juez, por segunda vez, que le retiren el pasaporte a la madre porque existe riesgo de que abandonen el país sin su consentimiento. Mientras sigue el cruce de demandas (ella solicita la custodia total y Carlos denuncia ante la Fiscalía de Girona que su hija no está escolarizada) se fija la fecha de juicio: 13 de septiembre. Antes, en verano, por temor a que aprovechara las vacaciones para irse con la niña a Rusia, vuelve a advertir del riesgo de secuestro el 30 de julio.

Un vuelo el día antes del juicio

Nadie adoptó ninguna medida y, cuando llegó el día del juicio ya era tarde: el día anterior, el 12 de septiembre, Elmira y su hija ya habían tomado un avión en el aeropuerto de El Prat. El viaje fue Barcelona- Roma- Estambul- Biskek (capital de Kirguistán). De poco le sirvió ya a Carlos que en el juicio le dieran a él la custodia de la niña porque ya no la volvió a ver.

A pesar de todas las denuncias que ha interpuesto y de que el juzgado dictara contra la madre una orden internacional de detención (en vigor hasta el 20 de noviembre de 2022) a Carlos le indigna que la Justicia española no haga «nada» por traer a la niña. «Saben que Kirguistán no va a colaborar y a mí me da igual que la detengan a ella. Yo quiero a mi hija de vuelta. Ella ha nacido aquí, es una niña española que en enero cumple 14 años y ¿nadie hace nada?» Su abogada, Patricia Catalina, letrada con despacho propio en Sevilla, envió el pasado mes de abril un escrito al Ministerio de Justicia para que reconociera los «gravísimos errores judiciales» y declare la responsabilidad patrimonial del Estado en favor de este hombre. «No va a ser para mí, es para Carolina, que es la principal víctima de todo y que algún día querrá volver», zanja.