Manifiesto en defensa de la Enseñanza como bien público

La enseñanza reglada en España no marcha por buen camino y las leyes que se han aprobado últimamente, junto con la Lomloe de 2020, no parece que vayan encaminadas a poner remedio, sino que más bien tienden a empeorar la situación. Entendemos que la enseñanza en todas sus etapas debe tratar de aspirar a ser de calidad, entendiendo por tal una instrucción basada en los conceptos nucleares de «esfuerzo, mérito y contenidos». Los conceptos ajenos a los saberes concretos de cada asignatura, de tipo moral o ideológico, deben ser desplazados de las aulas. Los alumnos no deben ser objeto de adoctrinamiento pues tal intromisión supone una perversión de lo público al sacrificar, especialmente para los alumnos con menos recursos, su formación técnica, profesional, académica y personal, condenándoles al sometimiento moral y a la incompetencia intelectual. Ello perjudica el carácter de ascensor social y de igualdad de oportunidades que precisamente toda escuela pública debe tener. De este modo, además, ya gobiernen unos partidos u otros, con orientaciones morales e ideológicas diversas, no se correrá el peligro de que el sistema educativo se convierta en instrumento para adoctrinar y apropiarse de un servicio público fundamental para la sociedad y sus miembros, sufragado por todos los contribuyentes. Nada distinto de lo que dice la Constitución española (Art. 27).

El presente manifiesto plantea como puntos principales que habría que tomar en consideración por las autoridades educativas los siguientes, a saber:

1. Creación de una institución pública, de una suerte de Consejo General de la Función Docente, integrado exclusivamente (o principalmente) por docentes con larga experiencia, académicos y científicos de reconocido prestigio procedentes de las distintas ramas del saber, formal y materialmente independiente del poder ejecutivo y del poder legislativo, ajeno a cualquier ideología o partido concreto, que sirva de principal referencia a la hora de proponer, o en su caso revisar, las distintas leyes e iniciativas de carácter educativo, ya sea en la enseñanza infantil, primaria, secundaria o universitaria, y cuya principal competencia sea el diseño, según criterios estrictamente técnicos, científicos y académicos, del Sistema de Instrucción Pública y sus planes de estudios.

2. La tasa de fracaso escolar, entendiendo por tal el número de repeticiones y de suspensos, es relativamente alta. Pero la Lomloe trata de arreglar el problema haciendo desaparecer los suspensos y dificultando la repetición, con lo que no solo no solucionará sino que acrecentará el problema al ocultarlo, además de añadir carga burocrática para los docentes, que tendrán que realizar tareas administrativas ajenas a su verdadera ocupación: dar clase a los alumnos y prepararse para ello.

3. La evaluación debe ser por contenidos concretos de cada asignatura, pues la evaluación por competencias diluye los conocimientos concretos. No hay mayor adquisición de competencias que dominar con destreza los contenidos de cada asignatura.

4. Deben permanecer las notas numéricas y las Menciones de Honor. Las primeras para conocer con mayor precisión el grado de éxito del alumno en la adquisición de conocimientos; y las segundas para que el esfuerzo y el mérito sean un aliciente más para el alumnado, y contribuyan a reducir cuanto se pueda toda discriminación que no sea exclusivamente escolar, especialmente la discriminación socio-económica, que la escuela actual, por su empobrecimiento en contenidos, ejerce de hecho.

5. Los docentes deberán contar con libertad para enseñar los contenidos científicos o humanísticos de su materia, sin ser correa de transmisión de la ideología de turno, y cuyo límite debe ser la Constitución y el Código Penal.

6. Debe apostarse por exámenes externos y comunes en distintas etapas educativas, para poder realizar pruebas diagnósticas sobre la marcha de los distintos centros de enseñanza. En especial, apostamos por una Prueba de Selectividad única en todo el territorio nacional, con contenidos comunes, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

7. Creemos que es importante, asimismo, que se garanticen las resoluciones judiciales, como la que obliga a impartir al menos un 25% de las asignaturas en español en Cataluña. Aspiramos, de forma más general, a que en todo el territorio nacional se garantice la enseñanza pública en lengua española, sin perjuicio de que continúe habiendo enseñanza en otras lenguas cooficiales del Estado.

Este manifiesto por y para la instrucción pública, que ha sido redactado por un conjunto de profesores de enseñanza secundaria, se lanza a todos los implicados en el proceso educativo: maestros, profesores, padres, madres, alumnado, autoridades educativas y ciudadanos preocupados por la deriva del sistema educativo en nuestro país.