Educación

La Ley de Universidades dará control al estudiante para vigilar la calidad de la docencia y negociar exámenes

Un docente podrá estabilizar su puesto al cabo de diez años, las universidades ofrecerán “microcredenciales”, “cuidarán” a sus alumnos cuando acaban sus estudios y habrá comisiones paritarias

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha presentado el Proyecto de Ley de Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que será aprobada en próximas semanas por el Consejo de Ministros y que persigue “que las universidades estén más conectadas con la sociedad. Es un marco normativo que ofrece herramientas para adaptarse a la nueva época”, ha dicho en rueda de prensa el ministro. El proyecto de ley incorpora cambios importantes respecto al proyecto elaborado por su antecesor, Manuel Castells.

Estudiantes con más poder

Los estudiantes tendrán más control y derechos. Serán relevantes a la hora de seguir y exigir la calidad de la docencia y tendrán acceso a la evaluación del profesorado. “Las evaluaciones de los docentes no tenían ninguna consecuencia, pero ahora los alumnos podrán hacer un seguimiento del profesor en las comisiones donde se habla de planes docentes y guías docentes”, ha dicho Subirats. Su opinión será vinculante. Sin embargo, el ministro ha asegurado que aunque “no decidirán qué examen deben ponerse, porque sería un uso abusivo del término vinculante, será negociado, hablado y discutido con ellos en la forma en que se pueda resolver”. Su participación en los órganos de gobierno de la universidad, como el claustro o los consejos de facultad o departamento tendrá que ser de un mínimo del 25%, cuando en la antigua ley (LOU) no tenían ningún porcentaje asignado.

Los estudiantes tendrán derecho a la huelga o paro académico sin que eso repercuta en sus calificaciones o que afecte en algo su falta de asistencia a clase. Tendrán derecho a atención psicológica y emocional e incluso podrán gestionar servicios universitarios dirigidos a los alumnos.

Comisiones paritarias y sesgo de género

Cualquier universidad, tanto pública como privada, deberá contar con planes de igualdad, medidas para eliminar la brecha salarial y protocolos frente a todo tipo de acoso.

Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para promocionar con igualdad de méritos al sexo menor representado.

“Cuidar” a los que salen de la universidad

La ley prevé que las universidades “cuiden de sus egresados” de tal manera que la relación con la universidad no se acabe cuando un alumno sale de la universidad con su título debajo del brazo. Los antiguos alumnos “tendrán prioridad para actualizar sus estudios para que cuando se obtiene la licenciatura no se acabe el contacto”, ha dicho el ministro.

Grados de tres años

La ley no marca un tiempo de duración de los grados. Como norma general los grados durarán cuatro años, “excepto cuando haya acuerdos con universidades extranjeras que acrediten un título propio y que ese acuerdo incorpore los tres años”, ha dicho Subirats. De esta manera, la idea es flexibilizar la duración de los grados para que puedan coexistir las carreras de tres años (180 créditos, el 3+2) con las de cuatro años (240 créditos, el 4+1), como ocurre en algunos países europeos, un modelo que algunos consideran que puede favorecer la internacionalización, aunque hay quien piensa que puede encarecer los estudios universitarios y favorecer a las universidades privadas.

Internacionalización del sistema universitario

El Gobierno busca una ley que mire a Europa. Por eso, el proyecto de LOSU prevé que el Gobierno, Comunidades autónomas y universidades elaboren estrategias para internacionalizar el sistema universitario. Se trata, además, de establecer alianzas universitarias europeas de tal manera que haya títulos compartidos. “La europeización del sistema universitario no es solamente una necesidad sino una exigencia”, ha afirmado el ministro Subirats.

Pasa a ser una prioridad la movilidad internacional del estudiantado, del Personal Docente Investigador y del PAS.

Además, se agilizan los visados por estudios para atraer talento y, al finalizar los estudios universitarios de grado, máster o posgrado, se podrá optar a un visado de dos años para hacer prácticas o trabajar.

La LOSU ha creado una nueva figura de Profesorado Distinguido cuya función está dirigida a atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

Microcredenciales y universidad para todas las edades

Las universidades darán microcredenciales, es decir, programas de corta duración a los que se podrá acceder con otro título anterior o simplemente con experiencia profesional. Se trataría de títulos propios que proporcionan entre 30 y 40 CTS. El ministro ha detallado que sobre este asunto hay un debate en toda Europa porque hay un claro desajuste entre la formación que se imparte y las necesidades de las empresas.

La ley prevé una universidad “abierta a todas las edades”. Y es que el ministro ha dejado muy claro que “tenemos que superar la idea de que de lo que hayas estudiado vas a seguir viviendo toda la vida”. Ahora solo el 6% de los universitarios tienen más de 30 años y el reto es llegar al mayor número posible de personas independientemente de su edad.

Subirats cree que ahora las universidades tienen el reto de la digitalización pero, a la vez, hay que “resignificar” la presencialidad porque “las universidades han sido un lugar de contacto entre profesores y alumnos y entre estudiantes, pero no se puede renunciar a la presencialidad como factor esencial”.

Carrera académica: fijo en el puesto en diez años

El Ministerio ha previsto una carrera académica más predecible, más clara y más corta de tal manera que una persona que inicia sus estudios de doctorado podrá tener plaza fija en un plazo de diez años. Ahora, una persona que decidía hacer carrera académica no encontraba estabilidad antes de los 46 años, con lo que se pretende un rejuvenecimiento de las plantillas y atraer talento internacional.

El acceso a la carrera se realizará con la figura del Ayudante Doctor, con un contrato de 6 años (en vez de los 5 de la LOU). Para esta figura no será necesaria la acreditación y se accederá por concurso público. Pasados estos 6 años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de Titular de Universidad o bien de Permanente Laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. La tercera etapa será la de promoción a la figura de catedrático.

Solo en 20% de docentes temporales

La ley pretende que haya menos personal en situación temporal de tal manera que no se pueda superar el 20% de la plantilla de personal docente e investigador. Y es que Subirats considera que durante años el profesorado ha estado contratado bajo figuras que no son las adecuadas, como el de asociado, visitante...

La ley pretende recuperar el valor de la figura de profesor asociado que aportarán sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, con un máximo de 120h lectivas. Además, se incorpora la figura del profesorado Sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios. De esta manera, se evita que las universidades se vean obligadas a recurrir a otras figuras, como la del Asociado, según ha explicado el ministro.

Evaluación al profesorado y curso pedagógico

Los profesores serán sometidos a evaluaciones cualitativas y cuantitativas, tendrán en cuenta el acceso abierto, el impacto territorial, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica. Para evitar prácticas endogámicas, se ha previsto que en todos los concursos públicos la universidad convocante esté en minoría y los miembros serán escogidos por sorteo.

Los docentes, además, tendrán que realizar un curso de formación pedagógica en el primer año de acceso, al igual que ocurre para poder impartir clases en etapas no universitarias.

Rector por un máximo de seis años

La ley da libertad a cada universidad para que elija el sistema de elección de rector que considere y elimina la obligación de que tenga que ser catedrático. Se podrá ostentar el cargo de rector durante un máximo de seis años “improrrogables y no renovables”.

En lo que a gobernanza y estructuras se refiere, plantea cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. El claustro será el órgano de máxima representación y participación de la comunidad universitaria y tendrá que garantizar siempre un 25% de mínimo de representación del estudiantado, así como una representación del 51% para el personal docente e investigador. Además, se consolida el Consejo de Estudiantes en cada universidad.

Las universidades tendrán autonomía para la definición de sus estatutos así como para la creación de otras estructuras en departamentos y facultades.

Atención a la discapacidad: Estudios propios adaptados

Las unidades de diversidad deberán contar con un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra

Se establece también un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, las universidades deberán facilitar la lengua de signos así como fomentar estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual o de otra índole.

Financiación: 1% del PIB

Subirats ha asegurado que, en los últimos años, la financiación a las universidades ha bajado un 20% y no hemos recuperado los niveles anteriores a 2009. Por eso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un gasto del 1% del PIB. Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7% de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008. Este aumento va en la línea de lo ya acordado en la LOMLOE de un 5% del PIB de gasto en educación o el 1,25% que plantea la nueva Ley de Ciencia que está tramitándose en el Congreso de los Diputados. “No podemos pedirles esfuerzos a las universidades si no van acompañadas de financiación y las comunidades autónomas deberán hacer aquí su parte”, ha afirmado el ministro en este aspecto.

Investigación: Ciencia abierta a todos

La LOSU pretende que la ciencia sea abierta a la ciudadanía como un elemento esencial. Todas las publicaciones serán accesibles porque “es importante que las universidades no solo hablen de transferencia, sino de intercambio entre la sociedad y las universidades”.