Los investigadores proponen un nuevo marco para regular los cultivos modificados

Un artículo del Foro Político publicado en la revista ‘Science’ pide un nuevo enfoque para regular los cultivos modificados genéticamente, argumentando que los enfoques actuales para desencadenar las pruebas de seguridad varían drásticamente entre los países y, en general, carecen de mérito científico, en particular, ya que los avances en la mejora de los cultivos han difuminado las líneas entre la cría convencional y la ingeniería genética, según recoge Europa Press.

En lugar de centrarse en los métodos y procesos de creación de un cultivo transgénico para determinar si es necesario realizar pruebas, un marco más eficaz examinaría las nuevas características específicas del propio cultivo utilizando los llamados enfoques “-ómicos”, afirma el artículo. De la misma manera que las ciencias biomédicas pueden utilizar enfoques genómicos para escanear los genomas humanos en busca de mutaciones problemáticas, la genómica puede utilizarse para escanear nuevas variedades de cultivos en busca de cambios inesperados en el ADN.

Otros métodos “-ómicos”, como la transcriptómica, la proteómica, la epigenómica y la metabolómica, permiten detectar otros cambios en la composición molecular de las plantas. Estas mediciones de miles de rasgos moleculares pueden utilizarse como una huella dactilar para determinar si el producto de una nueva variedad es “sustancialmente equivalente” a los productos ya producidos por las variedades existentes -si, por ejemplo, una nueva variedad de melocotón tiene características moleculares que ya se encuentran en una o más variedades comerciales de melocotón existentes.

Si el nuevo producto no tiene diferencias o tiene diferencias entendidas sin efectos esperados sobre la salud o el medio ambiente cuando se compara con los productos de las variedades existentes, no se recomendaría hacer pruebas de seguridad, sugiere el artículo. Sin embargo, si el producto presenta nuevas características que pueden tener efectos sobre la salud o el medio ambiente, o si el producto presenta diferencias que no pueden interpretarse, se recomendaría realizar pruebas de seguridad.

“Los enfoques que se utilizan ahora mismo, que difieren entre los gobiernos, carecen de rigor científico --advierte Fred Gould, profesor distinguido de la Universidad Estatal de Carolina del Norte (Estados Unidos), codirector del Centro de Ingeniería Genética y Sociedad de esa universidad y autor correspondiente del artículo--. El tamaño del cambio realizado en un producto y el origen del ADN tienen poca relación con los resultados de ese cambio; cambiar un par de bases de ADN en un cultivo con 2.500 millones de pares de bases, como el maíz, puede suponer una diferencia sustancial”.

Cuando se trata de variedades realizadas con el potente sistema de edición de genes conocido como CRISPR, por ejemplo, la Unión Europea regula todas las variedades, mientras que otros gobiernos basan sus decisiones en el tamaño del cambio genético y el origen del material genético insertado. Mientras tanto, en 2020 el Departamento de Agricultura de Estados Unidos estableció una norma que exime de la regulación a las variedades de cultivos criados de forma convencional y a las variedades de cultivos transgénicos que podrían haber sido desarrollados por métodos distintos a la ingeniería genética.

Los enfoques “-ómicos”, si se utilizan adecuadamente, no aumentarían el coste de la regulación, dijo Gould, añadiendo que la mayoría de las nuevas variedades no provocarían la necesidad de regulación. “La pregunta más importante es si tiene la nueva variedad características desconocidas”, precisa Gould. El documento estima que los avances tecnológicos podrían hacer que el coste de laboratorio de un conjunto de pruebas “-ómicas” se redujera a unos 5.000 dólares en un plazo de cinco a diez años.

La creación de un comité internacional compuesto por cultivadores, químicos y biólogos moleculares para establecer las opciones y los costes de los enfoques “-ómicos” para una variedad de cultivos iniciaría el proceso de desarrollo de este nuevo marco normativo. La celebración de talleres con estos expertos, así como con sociólogos, responsables políticos, reguladores y representantes del público en general, permitiría llevar a cabo deliberaciones fidedignas que podrían evitar algunos de los problemas que se produjeron con la implantación de la ingeniería genética en la década de 1990. Los órganos de gobierno nacionales e internacionales deberían patrocinar estos comités y talleres, así como la investigación innovadora para poner en marcha el proceso y garantizar que las evaluaciones sean accesibles y precisas, apunta Gould.

En 2016, Gould dirigió un comité de 20 miembros de la Academia Nacional de Ciencias responsable de un informe, ‘Genetically Engineered Crops: Experiencias y perspectivas’, cuyo objetivo era “evaluar las pruebas de los supuestos efectos negativos de los cultivos transgénicos y las tecnologías que los acompañan” y “evaluar las pruebas de los supuestos beneficios de los cultivos transgénicos y las tecnologías que los acompañan.” La mayoría de los miembros de este comité son coautores del nuevo artículo de ‘Science’.